La Iglesia crea una comisión para luchar contra los abusos a menores

La comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico y comenzará sus trabajos esta misma semana. Estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del Servicio Jurídico de la Conferencia Española de Religiosos; y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales. Diez miembros de los que solo se conoce el nombre de su presidente: Juan Antonio Menéndez Fernández. Una designación controvertida, porque el obispo de Astorga (León) instruyó uno de los últimos casos de pedofilia conocidos en el seno de la Iglesia, el del sacerdote José Manuel Ramos Gordón, durante 2017.

Lo castigó a un año sin sacerdocio por abusar de cuatro menores a finales de los noventa, unos casos prescritos. No era la primera investigación que se realizaba sobre este sacerdote. El obispado también investigó otra queja remitida al papa Francisco en 2014 por un alumno del Seminario Menor de La Bañeza. Sin embargo, la resolución de estas denuncias se llevó con la máxima discreción, lo que provocó que uno de los denunciantes hiciera públicos los abusos del sacerdote. Esto animó a otra víctima a denunciar los abusos que Ramos Gordón realizó hace más de tres décadas.

En septiembre recibió un castigo «ejemplar» por parte del Vaticano. La Congregación de la Doctrina de la Fe ordenó su suspensión en el ministerio durante diez años por los abusos sexuales -también prescritos- cometidos hace 35 años en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora). Durante este tiempo, el sacerdote deberá residir en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga, y después podrá vivir en la casa sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa. Una decisión muy criticada por las víctimas.

Menéndez, tal vez a raíz de estos hechos, dio un paso adelante en la lucha contra la pedofilia. El texto del Obispado de Astorga sobre cómo tratar estos casos es más avanzado que el de la propia CEE, que ahora se quiere revisar. Este último 'invita' a las familias a denunciarlos; el texto leonés exige acudir a la Fiscalía, en la línea de la ley de protección del menor.

Ahora, con esta comisión, la Iglesia asume el «compromiso de proteger a todos los menores y adultos vulnerables», creando comunidades seguras y solidarias que ofrezcan «un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso». Además, afirma que lo hará «seleccionando y formando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia» y dando respuesta a todos los casos.