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La Conferencia Episcopal ha encargado a la firma de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, uno de los bufetes más relevantes de España con más de un centenar de letrados en nómina, una auditoría externa sobre las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia ... Católica española. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, y el presidente de la firma legal Cremades&Calvo Sotelo, Javier Cremades, comparecerán mañana martes para dar a conocer la puesta en marcha de esta «auditoría independiente» sobre las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica española.
El conocido despacho profesional «abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias, revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto», reza la nota de la CEE en la que convoca la rueda de prensa. Según la web progresista, Religión Digital, "muchos" de los miembros del bufete Cremades & Calvo-Sotelo "son personalidades cercanas al Opus Dei". Javier Cremades, socio director y fundador de la firma, premiado por la World Jurist Association, preside la Fundación Madrid Vivo, cuyo presidente de honor es el cardenal arzobispo de Madrid. Carlos Osoro. La Fundacion, que nació en 2009, es una plataforma ciudadana y empresarial para "promover valores universales como la cultura, la educación y la familia, dando apoyo a la Iglesia en diversas cuestiones necesitadas de impulso desde la sociedad civil". Entre sus actuales patronos destacan el empresario Juan Abelló, el periodista Juan Luis Cebrián o el exalcalde de Madrid, Álvarez del Manzano.
Cremades cobró notoriedad en 2019 cuando fue contratado por el principal líder opositor a la dictadura de Maduro en Venezuela, Juan Guaidó, para tratar de confiscar bienes en España del chavismo.
La Iglesia española da, de este modo, un paso muy importante pues sigue la estela de su homóloga francesa, que también se ha sometido a una auditoría externa, en este caso con un exmagistrado al frente, Jean Marc Sauvé, vicepresidente honorario del Consejo de Estado francés. La llamada Comisión Sauvé destapó que 2.600 menores fueron abusados en Francia por obispos y sacerdotes desde 1950. La divulgación de este informe, el pasado mes de octubre, escandalizó al país vecino. La Conferencia Episcopal de Francia se ha comprometido a indemnizar a las víctimas de abuso sexual por parte del clero mediante la venta de propiedades o posibles préstamos.
Este cambio de actitud de la CEE, dispuesta a que un despacho de abogados investigue la peor cara del clero español, contrasta con la resistencia hasta ahora de la jerarquía eclesiástica a cualquier tipo de investigación sobre la pederastia en la iglesia, asunto éste que tiene divididos a los obispos pues algunos, como el propio Carlos Osoro se ha mostrado a favor de comisiones parlamentarias o independientes que analicen lo ocurrido y otros como el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha minimizado los casos denunciados de pederastia ("son muy pocos", dijo hace unos meses).
En España, la CEE aún no se ha pronunciado públicamente si apoya la creación de una comisión de investigación liderada por el Defensor del Pueblo, como ha propuesto el PSOE, formato que no ve mal el PNV, para aclarar los casos de abusos en su seno. Otros partidos de izquierda como Podemos, ERC y Bildu, prefieren que está investigación se lleve a cabo en el Parlamento. Los socialistas creen que con el Defensor del Pueblo a la cabeza la privacidad de las víctimas quedaría más salvaguardada que si la investigación se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados y sometida a los rifirafes políticos. El Gobierno ya ha avanzado que le gustaría que la Iglesia forme parte de la investigación impulsada por el Defensor.
La pasada semana, a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), las 17 fiscalías autonómicas remitieron un total de 68 casos abiertos de abusos sexuales a menores por parte de religiosos. La FGE había solicitado a las diferentes fiscalías superiores que aportaran la cifra de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en instituciones religiosas que se mantenían 'vivas' en los juzgados. La intención del Ministerio Público es tener una visión global de la situación y provocar un cierto «efecto llamada» en las víctimas.
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