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Una vez recibido el encargo de realizar una «auditoría independiente sobre los abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica española», el abogado defensor Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, se presenta. «Yo soy católico, miembro del Opus Dei y tengo pleno ... convencimiento de que la iglesia debe ir hasta el fondo, pedir perdón y rectificar en todo ello que sea necesario». Un acto inusual, revelar su fe en un Estado laico, pero necesario para apuntalar la transparencia que requiere el caso de víctimas de abusos y agresiones sexuales, muchas menores de edad, perpetrados por sacerdotes durante décadas. «Un tema doloroso», apunta Cremades, en una rueda de prensa en Madrid, junto al cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal española.
«Pido público perdón por los abusos de la Iglesia y las víctimas que tanto dolor han padecido y padecen», comienza Omella. «A la iglesia también nos duele los abusos que se han sucedido. La Conferencia Episcopal quiere dar un paso adelante en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y colaborar con las autoridades sobre los casos de abuso sexual que pesan sobre la iglesia española. Encargamos una investigación independiente que audite todo el trabajo de las diócesis. Lo que se puede mejorar y lo que no».
El trabajo del despacho de abogados, que es «adicional» al que realizan en «en las más de 40 oficinas delegadas de la iglesia», prosigue Omella, «deberá tener toda la amplitud necesaria para clarificar los casos acaecidos en el pasado y para impedir los abusos en el futuro. El principal objetivo es la ayuda, con nuevos cauces de reparación. En segundo lugar establece un puente que facilite el trabajo de las autoridades». Se trata, en palabras del cardenal, de «un nuevo vehículo de colaboración».
Como nuevo portavoz de la Conferencia Episcopal, el despacho Cremades & Calvo Sotelo pretende revelar «realmente la verdad de los hechos», mantiene Cremades, cuya firma no «facturará», excepto los gastos y pagos a terceros, y tendrá un equipo de 18 personas, entre ellos el exmagistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional, Vicente Conde; el exmagistrado y presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, y la exvicepresidenta del Constitucional Encarnación Roca.
La misión no tiene límite «material ni de tiempo» pero se estima que demore doce meses; está en contacto con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y pretende crear un método de trabajo híbrido, que combine el realizado en Alemania, junto a la visión de la propia iglesia española. De hecho, la «auditoría», como la llaman en lugar de «investigación» o «defensa», parte de dos ramas.
De hecho, la «auditoría», como la llaman en lugar de «investigación» o «defensa», parte de dos ramas. Una, el «trabajo previo realizado por las diócesis» sobre los abusos sexuales encubiertos en sus predios y, la otra, un buzón público para establecer contacto con las víctimas. «Ojalá haya muchas personas que se animen y confíen que van a tener una respuesta y una atención pormenorizada», afirma Cremades. «Trataremos de contactar con ellos a ver si están interesados en conversar con nosotros. Nos reuniremos con las asociaciones, una a una». La dirección de correo electrónica habilitada es denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com
Al estar «empezando de cero» aún queda por afinar la metodología. No está definida de qué manera se tratará a las víctimas, qué valor y credibilidad se dará a sus testimonios, cómo se investigará cada caso o cómo evitar la revictimización en este proceso de identificación e investigación. Tampoco hay concreción sobre la cuantía o forma de las indemnizaciones. Pero sí se contemplan. «¿Alguien puede pensar que, si se identifica un daño, no haya una reparación? Vamos a investigar todas las acusaciones», anuncia Cremades.
Y el cardenal Omella puntualiza: «Las víctimas de abusos sexuales no son un número ni una firma digital ni un anónimo. Son personas con una historia». La contratación del reputado bufete madrileño ha sido un paso que se ha comunicado a la Santa Sede, asegura el cardenal.
Las víctimas de pederastia en la iglesia exigen que se mantenga una investigación oficial. «Que la Conferencia Episcopal mueva ficha con años de retraso no disminuye la necesidad de que el Estado actúe», sostiene Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos sexuales en Montserrat y activista de derechos humanos. Pide que continúe el «debate» en el Congreso y que se siga el ejemplo de Alemania, donde la comisión independiente «no tuvo como objetivo blanquear una institución sino esclarecer hechos y responsabilidades. Hay que ver cuán efectiva es esta medida en la práctica».
La Asociación Nacional Infancia Robada ha comunicado, por su parte, que la «auditoría» es «incoherente, no cumple con los parámetros necesarios de independencia».
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