Historia del «arrancamiento» de una hija a su madre

-Y esto de tocar la vulva, ¿cuándo lo hace?

-Cuando yo le rasco el penis.

-¿Y cuándo es esto?

-Cuando me mete en la bañera –dice la niña, mientras pinta un arco iris, y prosigue más adelante por insistencia de la psicóloga que trabaja con la Generalitat de Cataluña-. Y también cuando era de noche. Yo estaba durmiendo y él me despertó para jugar.

En el relato que hace la niña, mientras colorea con el rosa y el púrpura, ella se esconde, llama a su mamá, juega con su padre que le hace daño con las uñas en sus partes más íntimas.

La terapia es parte de un proceso judicial que inicia la madre para evitar que su expareja vea a los niños. S. tiene un hermano menor. Todos residen en Cataluña. La madre de S., Silvia Aquiles, sigue los pasos regulares en estos casos.

Dos meses después de aquella declaración, ante una nueva psicóloga de la UFAM encargada de redactar un informe para el tribunal, la niña intenta volver a contar su historia. Juega con dinosaurios y dice: «A mi papá lo tengo muy lejos, porque no me gusta él, porque me hace daño». La psicóloga la interrumpe, siempre según la transcripción de la sesión a los que ha tenido acceso este periódico:

-Muy lejos, vale –dice la psicóloga-. ¿Y hace mucho que te hace daño?

-Sí –la niña manifiesta que va a «decir la verdad» y empieza a contar un episodio desde que el padre la lleva a un parque. Pero la psicóloga, Margarita Ibáñez, la interrumpe:

-Ahora vamos a hablar de mamá, ahora ya no te voy a preguntar más por papá.

La sesión prosigue de manera estéril, y la psicóloga ya tiene una conclusión que, según se escucha que le dice a la madre, pondrá en su informe al tribunal: «No vemos signos de experiencia abusiva, vemos desconocimiento», mantiene Ibáñez. «Ella tiene mucha angustia pero no tiene consistencia. O sea, es lo que llamamos un discurso que no es creíble. Ella condena al padre de una manera que no es normal».

No sólo no le cree a la niña. Ni siquiera intenta escucharla. La madre suplica que averigüe lo que está pasando. «No, a ver, ya hemos hecho bastante por averiguar», responde Ibáñez, y asegura que la madre también le crea una situación de angustia, a pesar de que la niña ha afirmado que la «mama es buena». Aunque aún le queda una sesión pendiente, ordena que a Aquiles y su hija no les vuelvan a dar cita. «Doy por terminadas las visitas». Y a la niña: «Recoge rapidito. Ale, guapa».

Ese informe redactado por Ibáñez lastrará un enrevesado proceso judicial que termina cuatro años después con el «arrancamiento», como lo llaman otras madres en la misma situación, de los niños. El menor, de cuatro años, vivirá con el padre, y S. irá a un centro de menores para que sea tutelada por la Administración hasta que acepte vivir con su padre. Hoy, la madre se ha despedido de ellos. Los lleva a la Ciudad de Justicia de Barcelona. Al niño lo podrá ver una hora cada quince días. A la niña, nunca más por decisión de la jueza.

«Despedirme, no me he despedido», dice Aquiles, cuando falta una hora para que entregue a sus hijos a las autoridades. «No es una despedida. Les he dicho que, como ellos ya saben, hay una jueza que no quiere saber nada de ellos, ni escucharlos, sabiendo lo que hay, y me obliga a entregarlos y nos obliga a separarnos. No sólo de ellos de mí, que no nos hemos separado nunca, sino entre ellos dos».

Suena el timbre en casa de Aquiles, ya es hora de salir a los juzgados. Debió acudir a esta cita hace dos semanas. No lo hizo. Tiene ahora una orden de detención a sus espaldas. «Mis hijos están en shock y no sé qué podrá llegar a pasar hoy. Sólo les he dicho que, pase lo que pase, no se rindan. Que estaré ahí y daré la cara y tirar del hilo y arrancar el carrete entero. Les he dicho que intentaré que esto. sea el menor tiempo posible«.

Silvia Aquiles prepara una querella contra la jueza. Una persona cercana a la madre indica que se trata de una magistrada de Primera Instancia de lo Civil del Juzgado de la Ciudad de Justicia. La demanda irá también contra los servicios sociales y al equipo de psicólogos del juzgado «que no han visto a la niña y han recomendado esa sentencia a la jueza», dice esta fuente. ¿Cuánto debe temer una madre por sus hijos para llegar al extremo de enfrentarse al sistema completo en un todo o nada? «Seguiré luchando. No hay más que la verdad, es lo único que les he dicho a mis hijos. No quieren que ellos se defiendan y nos castigan».

Perdida temporalmente el derecho a las visitas con los niños, en junio de 2019, el padre, R. G., demanda a Silvia Aquiles por «un posible ejercicio inadecuado de guarda de los menores por parte de su madre», como se lee en la sentencia del juzgado de familia de primera instancia 18 de Barcelona. Reclamaba una «modificación» por «obstaculizar el cumplimiento de las visitas del padre». Pide la «guarda con visitas de la madre». La Fiscalía apoya la pretensión paterna, y va más allá: que la niña S. pase a estar bajo la guarda institucional hasta que haga «la terapia necesaria para restablecer el vínculo con el padre» y que la madre no pueda ver a sus hijos hasta que «los técnicos evalúen a los menores y consideren que las mismas son pertinentes».

La resolución, tomada en ausencia de Aquiles, se apoya en el informe de la UFAM de 2019, «similar a los elaborados en 2017 y 2018», que concluye que es necesario que la guarda «del menor D. pase al padre y respecto a S., dado que hace años (cinco) que no tiene contacto con el padre», pase al centro de menores «con un espacio neutro donde se le pueda hacer un acompañamiento profesional y terapéutico» hasta que «sea capaz de asumir su nueva situación».

A la primera vista, la letrada de Aquiles se declaró enferma y no acudió. La demandada no nombró un sustituto, pesar del requerimiento persistente de la jueza Regina Selva, que observó un «claro ánimo dilatorio». A Aquiles la demanda su expareja por «distorsionar el vínculo (entre padre e hijos)», poner en «grave riesgo psicoemocional» a los niños a juicio de la coordinadora de parentalidad nombrada por la jueza, y ejercer una «protección disfuncional» al acusar al padre no sólo de abusos sexuales a S. sino también a D. en las visitas concertadas.

Aquiles se ha mantenido firme en su acusación contra el padre. Una resolución anterior le había dado la razón, aseguran en su entorno. Aquiles, que no acude al punto de encuentro cuando su hijo tiene horas con el padre y le cose grabadoras en la ropa para vigilar si se producen abusos sexuales, no encuentra sin embargo apoyo en los servicios sociales que exploran a los niños. Dice Aquiles que la causa contra el progenitor por abusos sexuales ha sido archivada «provisionalmente» cuando la UFAM no creyó a la menor. «No es una absolución», mantiene.

Además, desmiente, en un comunicado emitido el mismo día de la entrega de los niños, que ha acudido puntualmente a las visitas, excepto cuando hay razones médicas. Ya hay dos diputadas interesadas en desentrañar este caso, Beatriz Silva y Marta Ribas, aunque tengan que revisar todos los informes de la UFAM.

Antes de este auto que la obliga a separarse de sus hijos, la Audiencia Provincial de Barcelona había dado la razón al padre cuando ella intentaba evitar las visitas de los abuelos paternos. «Resulta más que cuestionable que las evocaciones que pueda efectuar S. (la hija) respondan a sucesos vividos y más parece que se trate de pensamientos inducidos por la madre», asegura esa instancia, que rechaza todas las pruebas aportadas por la madre, logradas con psicólogos privados.

En el actual auto que la despoja de la patria potestad, Aquiles denuncia que la magistrada «inadmite» que «sean oídos los menores», un «informe pericial de la Agrupación Empresarial Comunicación Gestual» (que, dice Aquiles, tiene precedentes admitidos por el Supremo) y «la acreditación de que los procedimientos penales (contra el padre) se han recurrido». Mantiene que hace año y medio la jueza suplente del mismo tribunal había dictaminado la «protección de los niños» cuando la titular, que ahora dicta el auto, estuvo de baja por maternidad.

Aunque el auto del tribunal de familia se emite antes de que los servicios sociales emitan un informe final, la jueza concluye que Aquiles «no cumple los parámetros mínimos y básicos exigibles a un progenitor». Ordena la entrega inmediata, el cierre de fronteras y que se envíe un comunicado a los Mossos y otras tantas instituciones involucradas. Cabe apelar en la Audiencia Provincial.

Mientras tanto, S. de siete años, arrancada del único entorno familiar que conoce, separada por primera vez de su madre protectora y de su hermano (su «bebé», como ella lo llama), irá a un centro de menores, rodeada de desconocidos que la convencerán de amar a su padre. Para eso, le impiden volver a ver a su madre.