Muchas grietas en la protección a mujeres

Amparada por el VioGén desde hace una década, cuando su marido llegó ebrio de madrugada y le dio una paliza que le hizo perder al feto de seis meses que llevaba en su vientre, Rosa María Núñez recibe «dos veces al mes desde un número oculto» una llamada telefónica del policía encargado de su protección. Es tal la confianza que han establecido con el paso del tiempo que ella tiene su móvil personal. El tema de conversación de las comunicaciones oficiales se repite: ¿Se sabe algo de él?, inquiere ella. El agresor desapareció esa noche. «Desde ese día no lo ha encontrado nadie». La hipótesis más plausible es que huyera del país.

Rosa rememora que estuvo dos semanas en el hospital, con las costillas fracturadas, lesiones en la cara, dientes rotos desde la raíz. «A partir de ahí me pusieron un dispositivo en el móvil». Bajo una amenaza de muerte no explicitada y con dos hijos que presenciaron el atentado machista y ya son mayores, Rosa ha rehecho su vida después de superar el trauma y los obstáculos económicos. Tenía 35 años y volvió a su Cádiz natal, donde estaba su familia. En el ferry ya iba acompañada por dos guardias civiles.

Pero el sistema de protección presenta grietas. «Si él viniera con intención de hacerme algo, no me sentiría protegida», cuenta Rosa, que desconfía del método para lanzar un SOS. «Si yo me veo en peligro debería sacar el móvil, apretar el botón… lo mismo da si viene por atrás o por delante, quedas en estado de shock y no te da tiempo de nada». Es una clave de debilidad del sistema, aseguran las usuarias entrevistadas. En la asociación Desamparadas, que funciona en Cádiz capital, hay siete mujeres directivas que han denunciado a sus parejas o sus ex. Algunas siguen con protección activa en VioGén, otras no. «Cuando expira la orden de alejamiento, se termina el VioGén», acusan.

El sistema dicta automáticamente un nivel de riesgo que depende de las variables introducidas por el funcionario de turno. Con este protocolo se pone en marcha unas medidas de control y seguimiento tanto para la mujer como para el hombre, que son revisadas periódicamente. Pueden subir o bajar en el escalafón de prioridad, hasta pasar a la categoría de «inactivos», en los que la mujer queda sin protección.

Hayat, una de las mujeres asesinadas la semana pasada, estaba bajo el paraguas de VioGén, igual que su verdugo, su exmarido de 44 años y padre de uno de sus cuatro hijos. Este caso tenía una valoración de «riesgo alto y especial relevancia», revela una fuente de Interior, puesto que ella le había denunciado por una agresión y él estaba detenido. A la hora del juicio, Hayat se acogió a su derecho a no declarar a finales de diciembre. Era una mujer atemorizada que dependía económicamente de su maltratador para mantener a sus cuatro hijos menores de edad. La Fiscalía no insistió ni pidió extender las medidas de protección. En ese momento, VioGén rebajó su alerta a un grado 'medio'. «No se desactivó automáticamente», se defienden desde esta unidad. El 7 de enero la llamó el agente que le hacía seguimiento, y al día siguiente su expareja la asesinó.

Desde que se puso en marcha VioGén en 2007 y hasta el pasado junio han sido asesinadas 158 mujeres a las que protegía este sistema, según una respuesta del Gobierno dada al Congreso.Es decir, el 20% de las que pierden la vida cada año tienen algún tipo de amparo policial.

Entre protegidas y protectores difiere la percepción de seguridad y confianza que genera VioGén. Las mujeres consultadas se consideran demasiado expuestas en caso de que el agresor les salga al paso, a pesar de la orden de alejamiento. «Vivir con el VioGén es prácticamente como si no existiera», asegura María Ángeles, que tiene una medida de alejamiento de 200 metros pero a quien su expareja espera en su calle dentro del coche para pitarle y «levantarle una mano». «No le hecho la culpa a los agentes, sino al sistema que debe reforzarse. En cuanto a él, deberían ponerle una pulsera». Apenas la décima parte de los agresores activos en VioGén, unos 3.000, son controlados con estos dispositivos telemáticos que debe imponer un juez.

Fuentes de Interior, por su parte, se extrañan de tal reclamo. «La mujer que está dentro de VioGén está razonablemente satisfecha de su protección y asistencia», refuta un alto cargo del Ministerio. La tecnología, defiende, se ha actualizado durante la pandemia para facilitar el acceso directo a la alerta. Sin embargo, desde el otro lado la visión cambia. «No me siento protegida», prosigue María Ángeles, artesana y cuidadora de personas vulnerables. «La orden de alejamiento es un papel que excluye además a mi hija, y no sé en qué momento me lo voy a encontrar. La app 'AlertCops' no da ninguna seguridad especial. Cuando enciendo la tele y veo que han matado a una mujer que había denunciado, me pongo enferma. Por mí y por mi hija. ¿Cómo no voy a tener miedo? He denunciado tres veces y no ha pasado nada».

También había denunciado la víctima el domingo pasado del último caso de asesinato machista resuelto, el del torso de mujer que apareció flotando en Marbella. El autor, al igual que el acosador de María Ángeles, había «quebrantando las medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial» después de una sentencia por malos tratos, aclaró la Policía Nacional. Ya estaba fichado por Interior, que asegura que más de 25.000 policías y guardias civiles «participan en el sistema VioGen».

Esta cantidad de efectivos destinados a la salvaguarda de las mujeres amenazadas tiene, sin embargo, sus matices. La dedicación no es exclusiva y la demarcación para cada unidad puede tener varios miles de habitantes por unidad. «En VioGén hay unos 2.800 agentes en grupos de específicos de dos, tres o cuatro agentes, dependiendo del ámbito poblacional asignado», explica Agustín Leal, portavoz de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil). «Los voluntarios que piden esta comisión hacen un curso 'on line' y van a una oficina. Allí se dedican a recoger denuncias y hacer seguimientos con llamadas telefónicas, pero no tienen ni un vehículo camuflado, que tienen que pedir a otras unidades».

Si el riesgo es valorado por VioGén como «extremo», tiene custodia policial 24 horas. En 2022 fueron 18 casos. Si el peligro es «alto», como sucede a 726 víctimas, una patrulla de Seguridad Ciudadana pasa una vez al día por debajo de su casa o trabajo. Si la valoración es media, cada semana, explica Leal. Las llamadas se espacian también. «Los agentes de VioGén se entrevistan alguna vez con la víctima o con el agresor, pero los 25.229 que contabiliza Interior no se dedican todo el tiempo a la violencia de género. Maquillan las cifras.Cuentan hasta a la Virgen del Pilar».

Con 26 años María Ángeles comenzó la relación que la llevaría a vivir bajo amenaza. Lo denunció en 2018, después de «aguantar muchos años, sobre todo violencia psicológica y, por último, física». Juicio rápido, medida de protección, divorcio exprés. Desde entonces, aquella expareja ha quebrado tres veces la orden de alejamiento, asegura ella, por lo que su valoración de riesgo en VioGén no ha decaído. Algunas de sus denuncias han sido desestimadas en los juzgados, acusa.

«Tenía un policía asignado y hace poco me lo cambiaron.Me llaman cada tres meses, pero no me dicen nada del agresor, aunque lo pregunto», dice María Ángeles, que por medios extraoficiales conoció la dirección de su acosador para que evitara esa zona del municipio de 75.000 personas en el que viven ambos. «No les he llamado porque, cuando él se acerca, me quedo bloqueada».

Ese temor que genera la presencia del agresor a una víctima tiene claros síntomas. Aumentan las pulsaciones, genera sudor, cambia el tono de voz. «Las víctimas de violencia de género tienen estrés postraumático», explica Rosa San Segundo, catedrática de la Universidad Carlos III y miembro del equipo UC3M 4 Safety, que ha desarrollado un dispositivo de alerta para estos casos que «aprende de las reacciones del cuerpo». Al sufrir sometimiento durante tanto tiempo, las mujeres «disocian y no hace falta que tengan una agresión directa» para que surja el pánico. «A partir de las variables fisiológicas se puede alertar de situaciones de peligro», indica San Segundo.

¿Qué falla? Esta semana tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía han anunciado el endurecimiento de sus actuaciones. Los policías para supervisar más a los agresores, y los fiscales para actuar con mayor severidad en cuanto a órdenes de alejamiento y continuación de juicios a pesar de la retirada de la denuncia por parte de la mujer. Llama la atención el silencio del Ministerio de Igualdad, roto sólo con comunicados estándar con cada muerte.

La laxitud se refleja en uno de los casos de estos días. El hombre que mató en Bilbao a su expareja en este diciembre fatídico, Leonel, había sido detenido por violencia de género contra parejas anteriores varias veces desde 2016. La víctima, Rebeca, también le había denunciado, aunque luego se había retractado. Ante la inacción de las instituciones quedó a la intemperie, y eso sin abandonar el amparo de VioGén.

Siempre en el radar del sistema de protección VioGén, que le otorga una valoración de riesgo alta y con una orden de alejamiento de 500 metros en vigor, RosaMaría Núñez asistió a cursos de «autoestima, empoderamiento, defensa personal, resiliencia; también a terapias psicológicas, tanto grupales como individuales». Había sido golpeada salvajemente por su marido una madrugada de diciembre. Estaba embarazada y perdió aquel hijo; sufrió fracturas;vivió el trauma del ataque. «Primero me encerré, porque necesitaba mentalizarme. Se me vino el mundo encima y los meses iban pasando. Al bebé que perdí le había puesto nombre, Jesús, y pensaba en él. Tenía depresión». Superado el abismo, fundó en 2017 la asociación Desamparadas, para brindar ayuda y apoyo a otras víctimas de violencia de género.

También María Ángeles está en proceso de reconstrucción de su normalidad después del trauma y bajo el paraguas de VioGén. «He roto dos relaciones con maltrato», cuenta. Después de la última, esta víctima, que ahora tiene 46 años, estuvo «tres meses sin salir de casa, solo iba al trabajo. Por miedo. Los vecinos me decían que lo veían por la calle». Ahora tiene una nueva pareja y es miembro de la asociación Mujeres Supervivientes, en Sevilla. Allí trabaja para lograr un «punto violeta» del ayuntamiento de Sevilla «y poder así contratar profesionales» que ayuden a mujeres que estén en una situación similar a la suya. «Después de 15 años de maltrato, estoy intentando rehacer mi vida y he vuelto al activismo».

La violencia de género, advierte la investigadora Rosa San Segundo,«se tiene que tratar de forma estructural, desde el sistema educativo, las políticas de igualdad y otros ámbitos como la investigación tecnológica. Nunca puede reducirse sólo a protección policial».