La justicia da luz verde a la polémica mascletá madrileña de Almeida

Almeida recibió el visto bueno judicial para la gran fiesta del parque Madrid Río, 307 kilos de pólvora que sonarán por aire y por tierra. La zona elegida para hacerlo, el cauce del Manzanares, soliviantó a los ecologistas, que en su recurso ante la justicia argumentaron que allí tienen su hábitat 120 especies de aves como patos, martines pescadores, urracas o garcetas. Desde 2016 esta zona se ha renaturalizado, es decir, las aves han regresado, y los ecologistas temen que la gran mascletá ponga en riesgo a las aves precisamente ahora que se encuentran en su periodo reproductor.

En su auto, la juez Berta María Gosálbez, titular del juzgado, señala que los colectivos ambientalistas no han agotado la vía administrativa y, por tanto, no puede conceder las medidas cautelares para suspender el evento.

En un primer momento, Gosálbez había aceptado el recurso de la protectora de animales Salvando Peludos y había tramitado la medida cautelar de suspensión, basada en el daño ambiental a las especies y la protección que debe concederse a un lugar como la Casa de Campo, que tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC).

Mientras, Almeida había recibido este viernes a primera hora una buena noticia. La Delegación del Gobierno ha autorizado el espectáculo, aunque recordando que este plácet no exime de «la necesidad de otras autorizaciones, como pueden ser medioambientales, patrimoniales, de ordenanzas municipales, etc.».

Tras el escrito de la juez, el Ayuntamiento de Madrid ha enviado una nota en la que informa de que habrá cortes de tráfico en la M-30 y de que los Bomberos, la Policía Municipal y el Samur-Protección Civil se desplegarán en la zona. La duración de la mascletá será de siete minutos.

El espectáculo de la polémica nació de una promesa. El 15 de marzo del año pasado, durante un mitin en Valencia, Almeida se comprometió a organizar una mascletá en Madrid si la candidata del PP María José Catalá conseguía la alcaldía de la capital de la Comunidad Valenciana. Catalá llegó al cargo y Almeida ha querido mantener su palabra, que costará a los madrileños 46.000 euros.