Google, denunciada en España por el impago de derechos de autor

La organización considera que esa cantidad representa el dinero con que Google debe compensar a los creadores de contenido incluido en su servicio Discover. Se trata de la aplicación para móviles Android donde se incorporan por defecto noticias de diferentes medios de comunicación para captar el interés de los usuarios. De este modo la multinacional norteamericana obtiene importantes ingresos sin compensar a las empresas periodísticas que se dedican a elaborar estos contenidos. Google obtuvo un beneficio de 31.000 millones de euros en 2019; y registró casi 4.000 millones de euros solo con los ingresos de su publicidad por las noticias que indexa en su portal, que según un estudio de la asociación de medios de EE UU varían entre el 16% y el 40% del total de las búsquedas.

La demanda, presentada ante los juzgados mercantiles de Madrid, reclama el abono de los derechos de propiedad intelectual derivados de esa práctica, que contrasta con la de otras compañías de la competencia, como Upday, Squid y Huawei, corporaciones que sí abonan los derechos de autor correspondientes a los medios. El importe incluido en la demanda es una estimación inicial, puesto que «para conocer la cantidad real adeudada por este agregador es necesario que esta empresa facilite los datos efectivos de uso de contenidos, lo que podría llevar a CEDRO a reclamar más de 14 millones», señala la organización en un comunicado. Antes de acudir a los juzgados, CEDRO, en nombre de los afectados, entre ellos, editores de periódicos y revistas, ya había reclamado en reiteradas ocasiones a Google el pago de derechos de autor desde el lanzamiento de Discover en 2016.

En relación con la demanda, Ramón Alonso, director de la Asociación de Medios de Información (AMI), organización que representa a los principales editores de comunicación, recuerda que «el periodismo de calidad tiene un valor y quien lo utilice para su negocio tiene que pagar por esa calidad». También considera Ramón Alonso que «la Ley de Propiedad Intelectual establece el pago de estos derechos de autor» y que «parece relevante que un agregador no quiera pagar por lo que dice la ley», en referencia a la resistencia que ha mantenido Google a la hora de hacer frente a este tipo de peticiones que ahora tendrá que argumentar ante los tribunales.

En su demanda, CEDRO recuerda que la Ley de Propiedad Intelectual en España regula que esta compensación a los medios se hará efectiva a través de la entidad de gestión. Pero Google se negó a pagar cualquier canon a los editores españoles desde que comenzó a activar este sistema de selección de noticias de la aplicación Discover, similar a Google News, cuyo servicio tuvo que cerrar en 2014. Si lo hubiera hecho, según sostienen los expertos, habría creado un precedente por el que el resto de medios de todo el mundo podrían reclamarle esos cánones en sus territorios.

La multinacional mantiene abiertos otros procesos que van desde actuaciones monopolísticas hasta uso incorrecto de los datos de los usuarios en Estados Unidos, Francia o Australia, entre otros. Las prácticas de la compañía han sido recurrentemente cuestionadas por los medios de comunicación, pero también por parte de gobiernos e instituciones como la Comisión Europea. Hace dos años la UE ya multó a la empresa con 4.300 millones por prácticas anticompetitivas al comprobar que Google obligaba a los fabricantes de móviles con tecnología Android a instalar sus propias aplicaciones en estos terminales en una práctica de abuso de mercado.

La de CEDRO es la última actuación judicial desarrollada contra Google en España, tras una larga lista de procesos iniciados en otros países como Francia, Australia y Estados Unidos. Estos procedimientos no solo se refieren al impago por derechos de autor, sino también por acciones monopolísticas que le llevan a manejar una posición dominante que llega a impactar en el precio al que se negocia la publicidad en medios.

A principios de octubre, la Justicia francesa reconocía que Google tenía la obligación de negociar con los editores una remuneración por publicar sus noticias, que son vistas por millones de personas y por las que se beneficia económicamente.

En Australia, su comisión de la competencia demandaba en julio al gigante por presuntamente engañar a millones de usuarios para utilizar sus datos personales entre 2016 y 2018 con fines comerciales y publicitarios a través de su buscador.

En Italia, la autoridad de competencia abrió en septiembre una investigación sobre prácticas abusivas en sus servicios de almacenamiento. Y a finales de octubre lanzaba otra sobre su eventual abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad digital. Considera que «el uso discriminatorio de la enorme cantidad de datos recopilados a través de sus diversas aplicaciones» podría impedir competencia efectiva y perjudicar a los consumidores.

También en EEUU, su fiscal general presentaba hace tres semanas una demanda contra la matriz de Google al acusarle de violar las leyes de competencia por abuso de su posición dominante en el mercado frente a sus competidores. El proceso es el más importante contra uno de los gigantes tecnológicos en dos décadas. El Departamento de Justicia considera que la compañía aprovechó su posición dominante en el mercado de las búsquedas y la publicidad en detrimento de competidores y usuarios.

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