Eva González Pérez: «El Gobierno de los Países Bajos actuó en contra de la ley y mintió al Parlamento»

Acostumbrada a lidiar en los juzgados desde hace 20 años con difíciles situaciones sociales -al defender a aquellos que deben ingresar en un psiquiátrico contra su voluntad- y experta en derecho laboral, González se involucró en este caso por casualidad. En julio de 2014, los clientes de su marido, dueño de una guardería, recibieron una notificación de Hacienda, en la que se les comunicaba que quedaba anulada la ayuda estatal que recibían para pagar el parvulario. Una factura que puede rondar los 1.000 euros al mes.

«En Holanda no hay guarderías públicas pero el Estado devuelve un porcentaje de lo pagado, según los ingresos familiares», explica Eva González, que participa en el congreso WomenNow que se celebra los días 9, 10 y 11 de junio en Madrid. Además, Hacienda les acusaba de fraude y les obligaba a devolver el dinero recibido hasta entonces. «Pero no daban las razones por las que se tomaba esa decisión. Yo me ofrecí a llevar los documentos que demostraban que cumplían todos los requisitos», recuerda González quien, en ese primer momento, creía que sería un simple procedimiento administrativo.

Pronto descubriría que sus 157 clientes eran solo la punta de un iceberg de 26.000 familias. Pasaron varias semanas, y la Administración se negó a darle una respuesta. «Eran personas vulnerables, algunas tuvieron que vender sus casas para pagar la supuesta deuda», recuerda.

Más de un año después, un juez dictaminó a favor de las familias, pero «Hacienda apeló» ante el máximo tribunal neerlandés, dice González, madre de dos hijos, ahora de 16 y 12 años. Fue entonces cuando el caso dio un giro total: un funcionario de Hacienda, al saber que había ganado el caso en primera instancia, la invitó a «hablar». Lo que descubrirían en ese despacho, por un aparente desliz, desveló el fondo del asunto. «Dijo que él había controlado en dos años a 300 personas y nos dejó mirar en la pantalla de su ordenador. Vimos que junto al DNI de cada persona se había escrito su segunda nacionalidad: turco o marroquí. Y nos dimos cuenta que en Hacienda estaban seleccionando por nacionalidad y eso en Holanda está prohibido, es discriminatorio».

Con esta información, González acudió a distintos organismos, como el Parlamento, el Defensor del Pueblo o la autoridad de protección de datos personales, que comenzaron sus propias investigaciones. Ese año también sucedió otra ayuda del azar que le dio otra rocambolesca vuelta al caso. Cuando desde el juzgado le llegó el dosier, algo habitual en los Países Bajos, su sobre contenía un documento adicional: unas listas de personas, entre ellas sus clientes, a las que se señalaba como fraudulentas sin que ninguna lo supiera. Ella comenzó a inquirir sobre tal listado con todo el que se cruzaba en los juzgados. La buena suerte volvió a sonreír y alguien le comenzó a filtrar documentos relacionados con la actuación de Hacienda. Como en el 'Watergate', ya tenía a su «garganta profunda». El Gobierno, entre tanto, callaba.

¿Existía una componenda de alto nivel de motivación racista? Con las evidencias recabadas, González prefiere hablar solo de discriminación. «No tengo probado que fuera racismo, solo que discriminaban por nacionalidad», afirma, a pesar de no tener «clientes holandeses, el 90% de las afectadas son de otra nacionalidad». «Aún no sabemos qué hicieron para estar en esa lista y se sigue investigando». En 2018 comenzó a salir en prensa. «No quise hablar de discriminación al principio», reconoce. «Mi estrategia buscaba que todos se identificaran con las personas a las que se les había quitado un derecho». Parejas mixtas, como la propia González, criada en los Países Bajos y casada con una persona de origen turco, dieron la cara en la televisión.

La táctica funcionó. En 2020, una comisión de investigación parlamentaria dictaminó que a las familias afectadas se les debía devolver lo que se les obligó a pagar, más un 25% por daños y perjuicios. ¿Pensó que caería todo un Gobierno? «Yo nunca he visto que este caso fuera contra el Gobierno», asegura González.

«Lo que importa es que el Gobierno actuó en contra de la ley, dejó a gente esperando durante años y mintió al Parlamento», acusa la abogada nacida en Cáceres. «La discriminación es un componente más. Yo sola no hubiera llegado a ningún sitio».

El caso prosigue, con González a la cabeza con media centena de clientes que han decidido mantener su reclamación, mientras el primer ministro Rutte ha formado un nuevo Gobierno en marzo, el cuarto. «Esto puede subir a un nivel más alto, queremos que Europa investigue lo que está pasando aquí, y determinar que no es solamente un error», advierte. «Puede ir más allá del asunto de Hacienda y las guarderías».