Los gobiernos tardan en conceder las ayudas de dependencia casi el doble de lo que marca la ley

Así lo admitió Rosa Martínez durante la presentación del panel de la dependencia, un actualización de datos sobre este sistema y un análisis sobre sus evolución que el Ministerio de Derechos Sociales hizo hoy pública por primera vez y que repetirá cada trimestre.

La parte positiva del balance es que en los últimos cuatro años las listas de espera de la dependencia se han reducido en un 41%, por lo que incluyen 128.913 personas menos que a finales de 2020. La tendencia a la reducción se ha mantenido todos los años, con una mejora del 9,4% en los últimos doce meses, y esta reducción se ha logrado pese a que cada año son más los solicitantes debido al envejecimiento progresivo de la población.

El ministerio y las autonomías, que son quienes gestionan directamente el sistema, entienden la lista de espera como el limbo en el que están todos los ciudadanos que solicitaron la prestación hace más de seis meses y o bien no se la han autorizado o bien no la reciben todavía.

La parte negativa la componen como mínimo otros dos datos. El primero, que pese a la fuerte rebaja desde 2020, aún continúan a la espera de obtener las ayudas y prestaciones que solicitaron hace más de seis meses 182.531 dependientes, sin contar a unos 30.000 que mueren cada año en este limbo, sin haber recibido la asistencia a la que tienen derecho. Esto quiere decir, en consecuencia, que al ritmo actual de descenso de la lista harán falta al menos diez años para liquidarla, pues en los últimos doce meses solo bajó en 18.832 personas.

El segundo mal dato es que, de media, las autonomías tardan 338 días, algo más de once meses, en resolver la solicitud y conceder la prestación. Este tiempo de espera se ha rebajado en un 26% en los últimos cuatro años, desde los 457 días de media de 2020, pero aún así todavía sigue siendo casi del doble de tope que para resolver la petición marca la ley, que son 180 días (seis meses).

Estas medias nacionales sufren cambios notables según las autonomías. Los comunidades con listas de espera más bajas son Castilla y León, Cantabria y la Rioja y las que tienen a más ciudadanos a la espera de las ayudas son Andalucía, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid.

Los territorios que han logrado cumplir con el tope de 180 días para la resolución de la solicitud son las dos Castillas, el País Vasco y Aragón y entre los lugares donde se debe esperar más meses repiten Andalucía y Canarias, acompañados en este caso por Murcia, Galicia y Asturias.

En la actualidad hay algo más de 1,5 millones de españoles atendidos por el sistema de la dependencia, con un 7,6% de aumento en un solo año, crecimientos que no pararán al menos en dos décadas. Se espera que en los próximos cinco años el sistema español cuente con unos 400.000 dependientes más. De ellos el 62% son mujeres y la mitad tienen de más de 80 años.

La secretaria de Estado atribuyó la fuerte reducción de las listas de espera desde 2020 al aumento en un 150% de la financiación para dependencia acordado desde entonces por el Gobierno, que llegó a 3.411 millones en 2024, y a que entre los años 2021 y 2023 la partida vino reforzada por un plan de choque.

El presupuesto estatal anual actual triplica el de 2014. Sin embargo, también reconoció que si se quiere aumentar el ritmo de reducción de las esperas y de mejora del servicio es imprescindible elevar la financiación pública y mejorar la gestión.

«Que el sistema necesita más financiación es una evidencia y nosotros desde el ministerio así lo reivindicamos», indicó Martínez, en lo que sonó a mensaje destinado a su compañera de la cartera de Hacienda. «Como país, tenemos que decidir cuánto queremos invertir en la mejora del sistema», animó, pues pese al aumento que ha tenido la partida en los cuatro últimos Presupuestos del Estado, España dedica a su sistema de dependencia aproximadamente la mitad que sus socios europeos.