El Gobierno prohibirá el acceso de menores a las recompensas de los videojuegos

El Ministerio de Consumo considera que este tipo de productos, popularmente conocidos por su nombre en inglés, 'loot boxes', y esta mecánica tienen unas características muy semejantes a las de los juegos de azar, por lo que también replican la mayor parte de sus riesgos. Es el motivo por el que su titular, Alberto Garzón, ha decidido seguir los pasos de países como Bélgica o Japón y poner las 'loot boxes' fuera del alcance los menores.

Con ese objetivo, el departamento ha comenzado a elaborar una ley específica, destinada exclusivamente a regular los Mecanismos Aleatorios de Recompensa (MAR) que suponen un desembolso, bien sean cajas botín ofrecidas mientras se juega o bien sean productos adquiridos a través de las web o plataformas de intercambio. El anteproyecto, que ahora inicia la fase de alegaciones públicas, se llevará pronto al Consejo de Ministros para su debate, paso previo al envío al Congreso para su aprobación.

La norma prohibirá cualquier acceso de los menores a estos cofres de recompensa remunerados y para ello creará un sistema de registro que, bien mediante la introducción del DNI o el uso de la biometría o de otros procedimientos de seguridad, lo impida. Lo que vetará la norma es la posibilidad de que los menores de 18 años compren MAR, pero no impedirá que utilicen el videojuego en el que se activan u ofrecen.

El proyecto también permitirá a los mayores de edad marcar límites frente a estos productos de azar que minimicen total o parcialmente los riesgos que asumen. Los adultos podrán entrar en un sistema de exclusión total, parecido al que impide el acceso al juego de los enfermos de ludopatía, o al menos marcar algunos límites de compra, como el tiempo de uso o el importe máximo a desembolsar. En cualquier caso, para desterrar malentendidos o engaños, la norma obligará a los operadores de los videojuegos a dar información veraz sobre las posibilidades reales que tiene el jugador de obtener el premio si realiza la compra.

Para proteger a todos los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes y adolescentes, de un producto que se considera de riesgo, la ley establecerá límites férreos a su publicidad, muy similares a los que ya rigen para la promoción del juego 'online'. Quedará prohibida la publicidad física -la que usa vallas, cartelería exterior, periódicos, revistas, etcétera- y la publicidad 'online' en todas las webs y redes sociales no directamente vinculadas a los videojuegos. De igual manera, la promoción de las 'loot boxes' en radio o televisión quedará restringida a la franja nocturna, las emisiones que van de la una a las cinco de la madrugada.

Como cláusula de cierre, para garantizar que toda esta serie de limitaciones y prohibiciones se respetan, la ley incorpora un duro régimen sancionador de las infracciones a lo dispuesto en su articulado. Habrá multas leves, graves y muy graves, pero serán sanciones importantes en todos los casos. Las faltas leves pueden llegar a los 25.000 euros, pero las muy graves supondrán indemnizaciones de 200.000 a tres millones de euros para la operadora, además de acarrear en ocasiones la clausura de los medios por los que se presten los servicios del videojuego o permitan la activación de los cofres de recompensa.