El Gobierno indemnizará a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

Según Félix Bolaños, el Gabinete ha emprendido un diálogo con la Conferencia Episcopal para que esta se comprometa a reparar el daño. «Creo que nadie entendería que la Iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno», aseveró el ministro, quien alegó que Irlanda, Francia, Bélgica o Estados Unidos han actuado en este sentido.

El Ejecutivo considera que es necesario compensar a las víctimas con o sin colaboración de la Iglesia católica, para que las indemnizaciones y su cuantía no estén al albur de las entidades religiosas, lo que probablemente comportaría desigualdades e incluso encubrimiento. Bolaños, que se entrevistó el jueves con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, tiene la impresión de que los obispos están dispuestos a cooperar. «Me parece que la Iglesia católica tiene voluntad de colaborar. Me consta que está trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas», sostuvo el ministro.

La Conferencia Episcopal, aun reconociendo las «valiosas» medidas que contiene el plan del Gobierno en aras a atender a las víctimas, insiste en que no puede aplaudir un proyecto que deja fuera a nueve de cada diez perjudicados por agresiones sexuales, dado que marginaría a los agredidos fuera del ámbito eclesiástico. «La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales», dice una nota del episcopado.

«La Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos ni que el Gobierno regule lo que no le corresponde. Ha de regular para todos desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad. Ahí nos encontraremos», escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

A la jerarquía católica le ha sentado mal el tono recriminatorio del documento gubernamental, en el que se asevera que la Iglesia ha tendido a ver «el problema más como un pecado que como un delito», según el texto al que ha tenido acceso 'El País'. A este respecto, destaca que la respuesta eclesial durante años ha sido «la negación o minimización del problema, cuando no la culpabilización de la propia víctima y/o superviviente».

A la vista del documento, la institución deploró las acusaciones, que «parten de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado». «Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones».

Los mitrados arguyen que la Iglesia es una adelantada en la atención a los supervivientes de la pederastia clerical. «La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia».

La iniciativa del Gobierno contempla cinco ejes de actuación: el reconocimiento y reparación, la atención a las víctimas, la prevención, la formación y sensibilización y finalmente la información e investigación de los casos.

El plan del Gobierno prevé dos escenarios, que la Iglesia colabore y se avenga a participar en el fondo de compensación o se abstenga de hacerlo. Si acontece el primer supuesto, la idea que se maneja es crear un órgano mixto entre el Estado y la jerarquía católica para asumir las compensaciones en aquellos casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento del agresor. Para ello se constituiría un órgano independiente y de carácter temporal que tendría como finalidad la reparación de las víctimas.

En caso de que la Iglesia prefiera no participar, se apuesta por abrir «un proceso administrativo» que reconozca la condición de víctima y «las medidas reparadoras que sean adecuadas», en colaboración entre las distintas administraciones. El periodo inicial de vigencia del plan será entre 2024 y 2027.

El 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos' no arbitra un baremo de cantidades ni estipula los requisitos que habrán de seguir los afectados para obtener su compensación y el reconocimiento de la condición de víctima. «Desde el Gobierno hemos iniciado conversaciones con la Iglesia para que sufrague el coste de las indemnizaciones a las víctimas de abusos», indició el titular de Justicia.

El Defensor del Pueblo recomendaba en su informe celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad. Un consejo que no cae en saco roto, dado que el Gobierno apuesta por honrar con un acto público de «reparación simbólica en nuestra democracia» el sufrimiento de las víctimas.

Este viernes Gabilondo comparecerá para informar de su gestión en los años 2022 y 2023, pero en principio no tiene previsto explicar su informe ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. No obstante, con casi toda seguridad los parlamentarios recabarán su opinión sobre las intenciones del Gobierno.