El Gobierno invertirá más de 2.000 millones para modernizar los regadíos

Las comunidades que más millones recibirán de este plan de inversiones público-privadas serán Andalucía (casi 269 millones, 21% del total), Aragón (214 millones, el 17%) y Castilla y León (178 millones, el 14%). También es importante la cantidad destinada a los cultivos de Cataluña (9%), Comunidad Valenciana (7%) y Extremadura (7%). El ministro destacó la importancia de los regadíos y descartó las limitaciones a estos cultivos, ya que suponen el 23% del terreno cultivado pero ofrecen el 65% de la producción de vegetales en España, por lo que son «clave» para el futuro.

«Hay que tener regadíos sostenibles en España si queremos continuar con el nivel de producción actual y mantener la autonomía alimentaria y el volumen de exportaciones de nuestro país», aseguró Planas. El plan apuesta por sistemas de regadío más eficientes que maximicen el ahorro de agua, reduzcan el consumo energético y optimicen el empleo de fertilizantes y fitosanitarios, indicó Planas.

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De los 2.130 millones anunciados, 1.255 millones se aportarán con cargo al fondo de recuperación y resiliencia, y otros 875 millones a los Presupuestos Generales. Esta cantidad se suma a los 5.000 millones ya propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica para este fin y al Perte agroalimentario de alrededor de 200 millones. «En total, más de 6.000 millones invertidos para cubrir las más de 750.000 hectáreas en una primera modernización del regadío», anunció Planas, que señaló que «hay que utilizar mejor cada gota de agua».

En cuanto a la mesa de la sequía que se reúne este miércoles en Madrid, el ministro confesó que tratará la decisión adoptada en el Parlamento de Andalucía en relación a los regadíos del Parque Nacional de Doñana. Una acción que calificó de «ilegal» e «irresponsable», por lo que aseguró que hará «todo lo necesario» para frenar la iniciativa del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Señaló que está muy preocupado por los «daños reputacionales» que puede generar esta medida en la exportación de frutas y hortalizas, sobre todo en el caso de los frutos rojos. A su juicio, la decisión de la Junta de Andalucía pasa por alto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE en la que se condenó a España por incumplir dos directivas referidas a la gestión del agua. Asimismo, aseguró que se trata de una iniciativa «irreal» por querer distribuir unas reservas de agua con las que no se cuenta.