El Gobierno y las comunidades han acordado este jueves que ningún menor de seis años tutelado por las administraciones resida en centros de acogida en 2026, de forma que antes de 2031 no lo haga ningún menor de diez, según recoge el Plan de Acción ... contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia.
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Además, el Ejecutivo fomentará que los menores tutelados sean acogidos por familias, en lugar de vivir en residencias, para evitar casos de explotación sexual como los ocurridos en Baleares o Madrid. «La mejor forma de proteger a las niñas vulnerables de las redes de explotación que las buscan y captan en los centros de protección es permitiendo que crezcan en familias o en recursos pequeños, flexibles y que permiten un seguimiento personalizado», subraya el plan, aprobado este jueves por el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas.
El documento, que busca poner medios para frenar los casos de trata en los centros de acogida, reconoce que la situación de los menores tutelados es especialmente grave. «Los explotadores y abusadores encuentran más sencillo explotar a esta infancia que a otras niñas y niños porque, por un lado, padecen una doble vulnerabilidad,psicológica y económica, y, por otro, porque persisten algunas características a mejorar en el propio sistema de protección, como puede ser la poca intensidad de la atención psicológica para la reparación del daño», admiten los responsables de Igualdad.
Entre las iniciativas propuestas por el departamento de la ministra Irene Montero, además del acogimiento familiar, destacan el «ncremento de los cuidados en comunidad y la desinstitucionzaliación de la infancia en situación de acogimiento residencial; edidas de mejora de la atención de la infancia que vive en centros residenciales; y mejoras en los sistemas de información, que ayuden a conocer la magnitud de todas las formas de violencia contra la infancia, con especial énfasis en las violencias sexuales».
También se propone la formación especializada en prevención y detección de explotación sexual a todas las personas trabajadoras de los centros residenciales de protección a la infancia del conjunto de las comunidades autónomas (1.300 centros) y la elaboración de un protocolo armonizado para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia contra la infancia en centros residenciales del sistema de protección.
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