El Gobierno destinará 880 millones a medidas de calado contra la pobreza infantil

El 'Plan estatal de acción para la garantía infantil en España 2022-2030', presentado por la ministra Ione Belarra ayer a las Comunidades Autónomas para su revisión final, será sufragado por la Comisión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus, indica el ministerio. Del total de 11.000 millones de esta partida hasta 2027, se dedicarán unos 880 millones de euros (entre el 7% y el 8%). «El objetivo es luchar de manera transversal sobre todas las condiciones que desencadenan la desigualdad y que empiezan por el acceso a los derechos básicos», dijo Belarra. «No podemos decir que hemos acabado con la desigualdad si hay niños y niñas que no tienen acceso a una alimentación saludable, si la brecha digital sigue golpeando a los estudiantes más pobres o si la preocupación de que sus padres o madres no puedan pagar el alquiler no deja que se concentren en sus deberes».

En un país donde más de medio millón de niños tienen «privaciones graves en materia de vivienda», según las estadísticas europeas, el 'plan' propone ampliar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, el complemento de Ayuda a la Infancia, los beneficios fiscales a las familias y crear nuevas ayudas «focalizadas» para el acceso a empleo y «servicios habilitantes». En lo educativo se quiere abrir más plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil, sobre todo en áreas rurales, con financiación completa para familias con rentas debajo del umbral de pobreza y prioridad de acceso a los colectivos vulnerables. Además persigue la erradicación del «chabolismo», aunque se les dotará de servicios básicos mientras existan.

«El plan de acción supone una hoja de ruta para la lucha contra la pobreza infantil, a la que hasta ahora no se había prestado la atención suficiente», valora Alexander Elu, portavoz de la ONG Save The Children. «Contempla dedicarle más recursos de lo estipulado en los compromisos contraídos por España, pero los fondos europeos no son suficientes para revertir la situación. Sí pueden tener un efecto inicial que conduzca a otras iniciativas con recursos nacionales y cambios legislativos».

Además el proyecto de Derechos Sociales sugiere flexibilizar los horarios y asistencias en la educación infantil, para «favorecer la conciliación»; aplicar un programa de consumo de frutas, hortalizas y leche; incrementar el servicio de comedor escolar, con más becas desde infantil hasta secundaria, y dar desayuno a niños vulnerables. Señala la necesidad de eliminar copagos farmacéuticos para la infancia vulnerable, la excesiva burocracia para acceder a las ayudas públicas y una «reforma de las rentas mínimas y otras ayudas económicas».

El documento base que llegará a la Comisión Europea el 15 de este mes plantea ampliar los servicios de salud mental y psicopedagógicos, la oferta deportiva desde una perspectiva de género, las cuantías de becas de estudio con revisión de las condiciones académicas, y las políticas que eviten el abuso a la infancia.

«Hablamos de garantizar el acceso a servicios clave para la infancia en situación de vulnerabilidad, como el acceso a la educación, la vivienda, la sanidad y la nutrición, que son competencias autonómicas», advierte Elu. «El siguiente paso consiste en que el resto de autoridades siga esta misma línea». Derechos Sociales asegura que «lleva meses trabajando con ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones del tercer sector, académicos, expertos y niños, niñas y adolescentes». Las medidas son de gran calado, y queda menos de una semana para cerrar el 'plan'.