El Gobierno desatasca la ley que rescatará el 'cheque bebé'

La norma, un empeño personal de la líder de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, llevaba varada en el limbo del Ejecutivo desde el otoño pasado, sin que el Ministerio de Hacienda, clave en la negociación gubernamental por suponer la iniciativa un importante incremento del gasto, siquiera contestase a las propuestas del borrador de ley que Ione Belarra le envió entre noviembre y diciembre.

La situación, sin embargo, ha cambiado radicalmente este mes, según hoy desveló hoy la propia Belarra en un acto que reunió a buena parte de las organizaciones de familias no tradicionales del país. Los dos socios del Gobierno han llegado a un acuerdo para acelerar las reuniones ministeriales y las negociaciones que diseñan la ley de Familias. Como tarde, uno de los Consejos de Ministros de septiembre aprobará un primer anteproyecto.

La ley hace las reformas precisas para que todas las familias -tradicional, monoparental, no casados, LGTBI, reunificadas tras separaciones o de acogida- tengan idénticos derechos, al tiempo que compromete recursos para tratar de recortar la brecha de 12.000 millones menos de financiación pública anual que reciben los hogares españoles con respecto a la media de la UE. La norma, sobre todo, pretende ser un salvavidas para las familias encabezadas por una madre sola, la mitad de las cuales viven en riesgo de pobreza y exclusión social.

La determinación de una fecha es relevante porque saca el proyecto del congelador y porque significa una apuesta gubernamental para que dé tiempo a aprobar la norma antes de que en el otoño de 2023 se disuelvan las Cortes por la conclusión de la legislatura y la convocatoria de elecciones generales. No obstante, Belarra no oculta que en estos cuatro meses van a ser necesarias unas «intensas» negociaciones en el seno del Ejecutivo, un tira y afloja político que determine hasta dónde se puede llegar con este paquete de nuevo derechos y ayudas.

La propuesta que Belarra ha colocado sobre la mesa tiene como medida estrella la «renta crianza», una subvención de 100 euros al mes (125 para monoparentales) que llegaría a todas las familias españolas con hijos menores salvo a las que ya reciban una ayuda similar por otras vías como el Ingreso Mínimo Vital. Su idea es que, con el tiempo, se pueda cobrar hasta que los niños lleguen a la mayoría de edad, pero se comenzaría solo por los hogares con hijos entre cero y cuatro años.

Otras dos medidas de calado son la ampliación progresiva del permiso parental por nacimiento del hijo o adopción de las 16 semanas actuales por progenitor a 24 y el establecimiento de un permiso para cuidados de 7 días al año (9 si el necesario salir de la comunidad autónoma) para poder atender a cualquier familiar que lo precise, que estaría completamente remunerado.

La ley, que prevé apoyos específicos para las familias de acogida, las encabezadas por una víctima de violencia de género y las que incluyen a personas discapacitadas o dependientes, tiene un paquete diferenciado para las moparentales. En su caso, el permiso maternal sumará el mismo tiempo de que disfrutan las familias con dos progenitores -32 semanas ahora y 48 si se materializa la ampliación- y se las considerará familia numerosa desde los dos hijos, lo que les dará derecho a todas las ventajas laborales, fiscales, educativas e impositivas a que otorga esta calificación administrativa. «Estas madres son auténticas heroínas y tienen que dejar de serlo ya», justificó Belarra el trato diferenciado y compensatorio.