El Gobierno estudia presentarse como defensa de las víctimas de delitos sexuales

Pero lo que deberían ser unas palabras de consuelo, se convirtió en un galimatías provocado por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que tuvo que ser matizada horas después por su homóloga de Justicia, Dolores Delgado. Celaá afirmó que para luchar mejor contra los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el Gobierno había pedido estudiar que «el Servicio Jurídico del Estado se persone como parte en defensa de las víctimas».

Unas funciones -se supone que de acusación particular- que la ministra no supo explicar y que suscitó la «perplejidad» de la Abogacía del Estado por esta iniciativa. Fuentes de este organismo recordaron que las funciones de la Abogacía es la de «la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos». También recuerdan que en crímenes tan graves como los asesinatos terroristas de «servidores del Estado» -policías, fiscales, jueces o militares- estos servicios jurídicos «jamás» se han presentado como acusación popular. Todo el peso de la representación jurídica del Estado ha recaído en la Fiscalía.

Además, las mismas fuentes se cuestionaron de dónde van a salir los recursos para poder atender las peticiones del Gobierno. Solo en el primer trimestre del año, según el informe de criminalidad del Ministerio del Interior, se produjeron 3.025 delitos contra la libertad sexual. De ellos, 371 fueron agresiones con penetración. Estos últimos, de especial gravedad, son los que atenderían los servicios jurídicos del Estado.

Celaá incrementó la confusión al asegurar que el Gobierno iba a «personarse» en el caso de La Manada, cuando ya no puede hacerlo como recordó después la titular de Justicia. «Estos son los actores que hay (Fiscalía, defensas y acusaciones particular y popular) y no puede haber otros», zanjó Delgado. Sobre el auto de la sala navarra, la portavoz rompió la neutralidad entre los poderes para afirmar que el Gobierno estaba «sorprendido» por la decisión, porque «la regla de oro general» era mantener en prisión a los condenados al menos la mitad de la pena -cuatro años y medio-. «El Gobierno se hace eco de la alarma y la preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular, a las que quiere proteger, necesita proteger y va a proteger», indicó la portavoz.

Por su parte, la titular de Justicia incidió en la necesidad de realizar un estudio «sereno» sobre el Código Penal y los posibles cambios que se deben introducir para dar respuesta a los delitos contra la libertad sexual. «Son necesarios cambios de mentalidades», adujo Delgado.