El Gobierno dejará en los 16 años la edad para cambiar libremente de sexo

El Gobierno, por lo tanto, no hará caso a la principal objeción que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteó al anteproyecto de ley LGTBI-Trans cuando en abril pasado su pleno aceptó el ejercicio de la autodeterminación de género, pero reclamó que la futura norma lo limitase a los mayores de 18 años.

La mayoría de vocales del órgano de gobierno de los jueces aceptó que los ciudadanos puedan cambiar su sexo registral desde los 12 años -como permite el documento del Ejecutivo-, pero consideró indispensable que la modificación la autorizase un juez mientras el interesado tenga entre los 12 y los 17 años.

El Poder Judicial defiende que la supervisión judicial a estas edades es la única fórmula que garantiza la protección del menor y el respeto a sus derechos, pues la modificación del sexo oficial no se produciría hasta que el magistrado comprobase la madurez del adolescente y la firmeza de su deseo de transexualidad.

En definitiva, el proyecto de ley que saldrá el lunes del Consejo de Ministros permitirá que cualquier mayor de 12 años cambie su nombre y sexo en el Registro Civil. De los 12 a los 13 años se precisará de autorización judicial. De los 14 a los 15 el cambio no requiere de tutela judicial, pero sí del apoyo de los padres o del fiscal a la petición oficial. Y a partir de los 16 la decisión será totalmente libre. Se logrará simplemente con pedirlo. No hará falta ni declaración de testigo que corrobore la situación de transexualidad ni los informes médicos y los dos años de tratamiento hormonal que se exigen ahora. Los menores de 12 años no podrán cambiar el sexo registral, pero sí su nombre por el que consideren más acorde a su realidad.

Este proyecto, además de la despatologización y liberación del cambio de sexo, reconoce y garantiza una larga lista de derechos a los colectivos LGTBI. Prohíbe y sanciona con hasta 150.000 euros las llamadas terapias reparativas, garantizará por ley la financiación pública de las técnicas de reproducción asistida a lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de concebir, autoriza la inscripción como progenitor legal a la pareja de una madre lesbiana o bisexual, y reconoce y da protección a las víctimas de la violencia intragénero (en parejas de un mismo sexo), entre otras muchas medidas.

La 'ley Trans' saldrá camino del Congreso la víspera del Día del Orgullo, justo un año después de que el Gobierno validase su primer borrador y tras al menos año y medio de esquivar un auténtico campo de minas político, con peleas entre los socios gubernamentales y con fuertes cuestionamientos externos como el del Poder Judicial.

Su principal promotora, Irene Montero, hasta lograr el respaldo al texto de todo el Ejecutivo, tuvo que mantener un durísimo pulso con la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que, como buena parte del movimiento feminista clásico, se opone a la autodeterminación de género de los trans. Al final, el apoyo cerrado del movimiento LGTBI a los argumentos de la titular de Igualdad decantó de su lado el favor de Pedro Sánchez.

El Orgullo 2022 se celebra entre una auténtica apuesta legislativa por los derechos LGTBI. A la llegada de la 'ley Trans' al Parlamento se une la aprobación definitiva (el próximo jueves por el pleno del Congreso) y entrada en vigor de la 'ley Zerolo', la norma que permitirá perseguir con más eficacia los discursos y delitos de odio y la discriminación de las minorías, entre otros motivos por la opción sexual.