El Gobierno declara zona catastrófica las ocho autonomías más castigadas por Filomena

El acuerdo del Ejecutivo incluye, según los detalles facilitados por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, un paquete de ayudas, subvenciones y exenciones sin cuantificar a ciudadanos, empresas e instituciones para paliar los daños personales, en enseres, en negocios, o en infraestructuras y equipamientos provocados por la brutal catástrofe meteorológica.

Interior, al tiempo, ha comenzado a elaborar una memoria detallada de los daños causados por el temporal de nieve y frío que determinar si es necesario un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros que amplíe el paquete de medidas que es necesario adoptar en las zonas dañadas o que incluya en el área catastrófica a otros territorios que quedaron hoy excluidos de las ayudas aprobadas.

El Gobierno, que inicialmente se resistió a acordar esta medida extraordinaria cuando hace ya hace una semana se lo demandaron varias instituciones públicas, indicó hoy que no ha querido demorar más la declaración para «agilizar la tramitación de las ayudas que los afectados quieran presentar, dada la magnitud de los daños, la grave perturbación de las condiciones de vida de la población en extensas áreas geográficas, y la paralización total o parcial de buena parte de los servicios públicos esenciales».

El primer bloque del acuerdo contempla ayudas (exentas de pago de IRPF) destinadas a paliar daños personales -por fallecimiento o incapacidad causados directamente por el temporal de nieve y frío-; compensaciones por los destrozos en viviendas y enseres, en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, o turísticos; y ayudas a ciudadanos y empresas que, a requerimiento estatal, hayan prestado recursos personales, materiales o bienes para luchar contra el temporal.

La resolución autoriza a resarcir a los municipios por los gastos acometidos para hacer frente a la situación de emergencia y subvencionar las «actuaciones inaplazables» que ejecutaron para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. También subvencionará hasta con el 50% del coste los proyectos de ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, así como la red viaria provincial, que precisen medios externos. De igual manera, todos los ministros estarán autorizados en sus respectivos áreas de competencia a declarar actuación urgente la restauración de las infraestructuras estatales dañadas por el temporal.

El segundo bloque del acuerdo es el que prevé exenciones laborales, fiscales y de la Seguridad Social para los damnificados. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social podrán aplicar la disposición que contempla que si una emergencia de protección civil provoca extinciones o suspensiones de contratos de trabajo, o reducciones temporales de la jornada laboral, serán consideradas producto de una situación de fuerza mayor.

Si hay extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores podrán correr a cargo del Fondo de Garantía Salarial y el Servicio Público de Empleo Estatal podrá autorizar que el tiempo de paro no compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción y podrá autorizar prestaciones por desempleo a trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas. De igual manera, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas mientras dure el periodo de suspensión de un contrato laboral, que sin embargo será considerado como efectivamente cotizado por el trabajador.

Los distintos ministerios, además, pueden aplicar, en sus respectivos ámbitos competenciales, exenciones o reducciones en las cuotas de los impuestos sobre Bienes Inmuebles o sobre Actividades Económicas para el ejercicio 2021, así como en las tasas de Tráfico. En el caso de la actividad agrícola realizada en la zona declarada como catastrófica, Hacienda, a la vista de los informes de Agricultura, podrá acordar la reducción de los índices de rendimiento neto que se utilizan para la estimación objetiva del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA.