El Gobierno debate pagar una renta crianza de 100 euros al mes

El texto, que podría sufrir modificaciones porque a partir de la semana próxima recibirá las alegaciones de varios ministerios, se quiere llevar por la titular de la cartera, Ione Belarra, a la aprobación de uno de los primeros Consejos de Ministros de 2022, para su remisión al Parlamento, que después tramitaría y a probaría la ley.

Esta ayuda, que Belarra pretende que sea «universal», busca reducir los apuros económicos de las familias de cualquier tipo para tener hijos y llegar a aquellos hogares que por exigencias burocráticas o falta de un empleo establece no consiguen el Ingreso Mínimo Vital no gozan de las ayudas laborales y fiscales a la maternidad. La ministra no ha detallado la letra pequeña de la prestación y, sobre todo, hasta qué edad recibirán los progenitores esta renta crianza y si habrá algún límite patrimonial.

La futura ley de Diversidad Familiar pretende garantizar idénticos derechos y prestaciones para todos los tipos de familias -incluidos los no casados, las reunificadas tras separaciones, las de acogida o las LGTBI-, dar la protección máxima a todos los niños de todos los hogares y respaldar la conciliación laboral y familiar y los cuidados.

La norma pretende dar un fuerte empujón a la paternidad con el objetivo de ampliar las actuales 16 semanas de permiso pagado por paternidad a ambos progenitores a 24 (seis meses). El proyecto incluye una especial protección para los hogares monoparentales, que tienen 20 puntos más de riesgo pobreza que los demás. En estos casos, el único cabeza de familia podrá disfrutar de los dos permisos de natalidad (sean 8 meses o, luego, un año) y tendrá unas ventajas laborales, fiscales e impositivas equivalentes a las que tienen hoy en día las familias numerosas.

Los responsables de Derechos Sociales, sin más concreciones, adelantaron que el documento próximo a su versión definitiva ampliará las libranzas laborales para cuidados, con un permiso remunerado, para evitar que esta actividad recaiga solo sobre las mujeres y lastre sus carreras.

El proyecto de ley también tiene previsto diseñar apoyos concretos para las familias de acogida, para intentar que los menores bajo la custodia del Estado no terminen en centros sino en hogares, y políticas que hagan la vida más fácil a las madres víctimas de la violencia machista, las familias en riesgo de exclusión social y los hogares con menores discapacitados o dependientes.

La ley pretende avanzar en la creación de la red pública de centros educativos para los niños de cero a tres años, que la programación presupuestaria del Gobierno ha empezado a dotar para alcanzar casi 70.000 plazas nuevas hasta 2024.