El gobierno cántabro estudiará cobrar el rescate a los dos espeleólogos

En el caso de los dos espeleólogos rescatados esta semana todavía está por demostrarse su responsabilidad. Eso lo hará la Consejería de Presidencia, dirigida por Isabel Urrutia, que ha decidido abrir un expediente informativo como paso previo a la investigación de todo lo que ha rodeado al rescate de Alfonso y Paloma.

Lo que sabemos hasta ahora es que ambos, con notable experiencia en la travesía en cuevas, pagaron una tasa de 25 euros a la Fundación Espeleosocorro Cántabro (Esocan), encargada del mantenimiento de la cavidad. Y también avisaron a un amigo de su entrada a la cueva y de la hora a la que tenían previsto salir, lo que fue clave, después, para activar el operativo de búsqueda. Sin embargo, incumplieron uno de los requisitos marcados por la norma regional: no avisaron al 112. Lo que tendrá que dilucidar la investigación es si hubo mala fe o si era Esocan la responsable de hacerse cargo de ese trámite. La dirección general de Seguridad del Gobierno cántabro entrevistará a los dos rescatados, así como a testigos y a miembros de la empresa para aclarar si hubo o no negligencia.

No llamar al 112 antes de entrar a una cavidad es uno de los cinco supuestos castigados en la normativa regional. Otro de ellos, el de no llevar el «equipamiento imprescindible» para la actividad que se va a realizar parece que, en este caso, no se incumplió. De hecho, Alfonso Urrutia fue especialmente tajante, nada más salir de la cueva, en dejarlo claro: «Estábamos preparados, teníamos agua, comida y todo lo necesario». Algo que no puede decir la pareja que cuenta con el dudoso honor de haber protagonizado el único caso de cobro por rescate que ha hecho el Gobierno de Cantabria desde que existen las tasas hace 23 años. Fue en 2022 cuando el bipartito PRC-PSOE les pasó la factura tras haberse perdido en la nieve por «no llevar el equipamiento adecuado». No requirió la salida del helicóptero, sino que fue una intervención rápida que duró alrededor de dos horas. A la pareja rescatada se le cobró 300 euros.

Si el Gobierno considera que Alfonso y Paloma fueron negligentes, la factura sería mucho más gravosa. A la cantidad de tener dos helicópteros en esas labores de búsqueda -1.906 euros por despegue y otro tanto por cada hora de vuelo- habría que sumar el importe del espeleosocorro, es decir, 569 por las seis primeras horas y 200 por cada hora adicional. Teniendo en cuenta que el operativo duró 40 horas, estaríamos hablando de una factura de cinco cifras.

Además de no avisar al 112 y de no contar con el equipamiento adecuado, existen otros tres supuestos punibles en la normativa: no hacer caso a una alerta por mala climatología, obviar señales de advertencia y peligro y no contar con permisos y autorizaciones necesarias. Tampoco parece que exista incumplimiento de esos escenarios en el caso de los espeleólogos rescatados.

Solo los menores de 16 años de edad y las personas que sufran una discapacidad psíquica que implique dificultades para comprender el riesgo o peligro están exentas de cumplir esas obligaciones.

A pesar de todo, se ha demostrado que el Gobierno cántabro es receloso al cobro de las tasas por rescate, ya que solo lo ha hecho en una ocasión en los últimos 23 años, y tampoco en casos tan llamativos como el rescate de una vaca en los acantilados de Ruiloba o el conductor que metió su coche en la playa de Oyambre para hacer trompos, por citar algunos de los casos más recientes.