El Gobierno aprueba un caudal ecológico para el Tajo

El real decreto que ha visto hoy la luz prevé la planificación hidrológica del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, así como de la parte española de los ríos compartidos con Portugal (Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana) y Francia (Cantábrico Oriental y Ebro).

La vicepresidenta Teresa Ribera insistió en el «compromiso del Gobierno con el Levante, «la España más seca», y sostuvo que «la fijación por primera vez de un caudal ecológico en el Tajo» obliga a adoptar medidas que no supongan un riesgo para la disponibilidad de recursos hídricos en las cuencas que han contado hasta ahora con el agua del trasvase.

Según dijo, los planes hidrológicos abarcan el 86% del territorio nacional, afectan al 65% de la población y cuentan con una inversión de 22.844 millones, de los cuales algo más de 10.000 millones son de inversión estatal. «Jamás se han destinado tantos recursos a la inversión y gestión en agua», remachó la ministra.

Nunca hasta ahora el Ministerio para la Transición Ecológica había determinado un caudal ecológico para el Tajo, decisión que se toma por las sentencias del Tribunal Supremo y la Ley de Aguas. Imponer un caudal ecológico significa establecer un mínimo de agua que debe circular, lo que perjudica a los agricultores de Alicante, Murcia y Almería que viven del regadío, que consume el 80% del agua disponible. No en vano, ese caudal reducirá la cantidad de agua que se traslada desde la cabecera del Tajo al Mediterráneo y que se usa para consumo doméstico y la agricultura. Por ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha resistido las presiones de las comunidades damnificadas, aunque ha contado con el respaldo de Castilla-La Mancha.

En un intento de resarcir a los territorios afectados, se contemplan inversiones para aumentar la capacidad de desalación y lograr en 2026 unos 110 hectómetros cúbicos que se perderían con la fijación del caudal ecológico. Sin embargo, los agricultores aducen que el precio del agua desprovista de sal es entre tres y cuatro veces más costoso que la que les llega desde el Tajo por el acueducto. El departamento que dirige Teresa Ribera aduce en su descargo que establecerá un precio por hectómetro cúbico para abaratar más el agua desalada y asume el compromiso de que la cantidad a pagar no será «exorbitante», sino «asumible». A este respecto, Ribera dijo que se implantará un precio tope de 34 euros para el agua desalada y anunció inversiones en renovables, acompañadas todas ellas de medidas de eficiencia en el regadío.

«Alicante, Murcia y Almería tendrán agua», recalcó «Lo que no debería cuestionarse es el cumplimiento de la normativa y las sentencias contra el Estado, como ha ocurrido por no fijar caudales ecológicos en el Tajo», alegó la titular de Transición Ecológica.

A la vista de que los caudales de los ríos españoles han caído un 12% desde 1980, el Gobierno intenta refrenar la tendencia. Así, se reducirán las asignaciones para los distintos usos, que pasan de los 28.000 hectómetros cúbicos al año que marcaba la anterior planificación a 26.800.

Sabedora de que puede desatarse otra guerra del agua, con la Comunidad Valenciana como parte beligerante, la vicepresidenta apeló al socialista Ximo Puig, presidente de la Generalitat, y postuló una política de «diálogo constante» con los territorios perjudicados. Ribera destacó que en 2017 y 2018 el trasvase estuvo cerrado 11 meses debido a la falta de lluvias, y alegó que los escenarios que se plantean son «cada vez más duros».

Ribera argumentó que los planes de cuenca permiten a España prepararse para afrontar el riesgo de inundación y mejorar las inversiones hasta niveles nunca conocidos para mejorar el saneamiento y la depuración. Porque España, resaltó, sigue pagando sanciones de la Comisión Europea por este motivo.

Los recursos hídricos adicionales permitirán «como mínimo» 140 hectómetros cúbicos nuevos, lo que «representa un volumen superior al agua que se dejaría de trasvasar como pérdida del caudal ecológico incluso en épocas de sequía».

Señaló que los volúmenes adicionales de desalación supondrán 547 millones de euros entre la capacidad de desalación con fotovoltaica y la ampliación de la capacidad de las desaladoras de 70 hectómetros de los usuarios del Tajo-Segura. «No se puede depender solo de la lluvia disponible en un escenario de escasez cada vez más frecuente», sentenció.