La ley garantizará que todos los hospitales públicos practiquen abortos

Para cumplir con este compromiso, la norma regulará de forma más estricta la objeción de conciencia del personal sanitario. El derecho de los médicos «se respetará escrupulosamente», pero «nunca podrá ser un impedimento al libre ejercicio del derecho de las mujeres». Con la ley vigente, la objeción la pueden ejercer todos los profesionales sanitarios de áreas directamente implicadas en la realización de una interrupción del embarazo, pero, al menos sobre el papel, deben hacerlo por escrito y de forma anticipada. Ahora, además, deberán comunicar cada objeción a un registro para que las autoridades sanitarias puedan organizar los servicios de ginecología y asegurarse de que siempre hay un especialista que hace abortos.

La ley controlará un ejercicio que cree que se ha desnaturalizado, hasta el punto de que hay mujeres que tienen que hacer cientos de kilómetros en su propio país porque donde viven no hay un solo centro que practique abortos legales. Acabará con las objeciones colectivas en un hospital o en toda una autonomía. El ejercicio será individual, por escrito, previo y registrado. El descontrol actual ha llevado a que solo el 21% de los casi 100.000 abortos anuales se realicen en hospitales públicos. El grueso se hace en clínicas privadas concertadas. En nueve provincias, sin sumar Ceuta ni Melilla, nunca se ha realizado un aborto desde que Felipe González lo despenalizó en 1985 y en otras tres no los ha habido en los últimos cinco años. Una región del tamaño de Madrid no tiene un solo hospital público que haga las intervenciones.

La segunda medida será la regulación y el impulso del aborto farmacológico, el que no requiere intervención quirúrgica. Un método totalmente infrautilizado en España (el 85% son operaciones), que, por su sencillez, permitiría extender el servicio fuera de los hospitales, a la atención ambulatoria. La norma establecerá que los centros de salud y un teléfono específico de nueva creación darán toda la información a las embarazadas que la requieran, las ayudarán a elegir un método, las derivarán de inmediato a un hospital y les informarán de dónde acudir si les ponen pegas para ejercer el derecho.

La norma incluirá otras dos medidas que traerán polémica asegurada. Se devolverá la regulación a como quedó en 2010, con la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero. Revertirán la reforma que el PP hizo en solitario en 2015 y las embarazadas de 16 y 17 años ya no precisarán de permiso paterno para poder abortar. Además, se suprimirá el período de reflexión de tres días. El tiempo que por ley deben esperar antes de ratificar su intención de abortar.

La norma, que también perseguirá el uso de vientres de alquiler, tratará de erradicar la violencia obstétrica y llevará la educación sexual a todos los colegios, creará un nuevo permiso remunerado prenatal que podrá utilizar cualquier embarazada a partir de la semana 36 y hasta el parto. Esto hará que ya no sea necesario que el médico certifique un embarazo de riesgo para poder descansar las últimas semanas, ni afectará a las 16 semanas de permiso maternal, que quedarán intactas.

La ley obligará a las administraciones a fomentar los métodos anticonceptivos masculinos y repartirá productos de higiene femenina y pañales infantiles de forma gratuita en centros escolares y de la mujer para garantizar la salud menstrual a todas las mujeres, con indendencia de su nivel de recursos económicos.