Gabilondo no ve mucho «entusiasmo» de los obispos para investigar la pederastia

Gabilondo, que participó este martes en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, al que no asistió ningún miembro de la Conferencia Episcopal, aseguró que ya son 230 las personas que se han puesto en contacto con la oficina para exponer su caso, lo que significa 29 más que en el informe presentado hace unas semanas.

Pese a la encomienda del Congreso para que el Defensor indague en la pederastia del clero no suscita adhesiones clamorosas en el seno de la Iglesia, Gabilondo no quiso presentar su trabajo como una causa general contra la institución católica. «No es una comisión empeñada en perseguir creyentes, ni la Iglesia va por un lado y la comisión por otro», remachó Gabilondo. El Defensor del Pueblo se dirigirá a los obispos para reclamar información concreta sobre algunos casos, algo que no todavía no ha sido necesario realizar. Ángel Gabilondo cree que la apertura de los archivos eclesiásticos para esclarecer los abusos sexuales constituye un problema fundamental. «Sé lo que dicen los acuerdos Iglesia-Estado en este asunto», apuntó.

Gabilondo ha pedido repetidas veces a la Iglesia que esté representada en la comisión, pero sus esfuerzos han resultados baldíos. «He hablado con la CEE desde el primer momento, les alenté a participar en el grupo, pero siempre me señalaron las dificultades para participar y que, en todo caso, podrían colaborar».

El Defensor no quiso cargar las tintas ante el desistimiento de los obispos, y alegó que su labor se ciñe a cumplir el mandato del Parlamento, ante el que deberá presentar un informe con los resultados de las investigaciones, propuestas para evitar que se repita el escándalo y fórmulas de reparación a las víctimas. «Espero que sirva para la adopción de medidas legislativas o judiciales, pero nosotros no hacemos el juicio».

En otros orden de cosas, Gabilondo, hizo un llamamiento para que se afronte y se resuelva la situación en la Cañada Real Galiana, donde unas 4.000 personas, 1.800 de ellas niños, viven sin electricidad desde hace dos años, una situación que tildó de «insostenible».