El fondo de garantía de alimentos solo llega a uno de cada tres solicitantes

El Tribunal de Cuentas, como máximo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, es el encargado de gestionar este fondo público, que proporciona una cobertura de hasta 100 euros al mes por hijo, y con la mayoría de edad como límite, para los beneficiarios. Es una ayuda exigua, pero supone un pequeño desahogo en familias con ingresos muy bajos, donde hasta el último céntimo cuenta.

Son las madres separadas con sueldos que no llegan a los 900 euros y que cuidan en solitario de sus hijos las que más necesitan recurrir a este fondo de la Administración al desentenderse sus exparejas de su obligación de abonar la pensión alimenticia. Este impago agrava la situación de los menores y de las propias familias monoparentales, precisamente las que presentan las mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión social en España. Su vulnerabilidad es mucho mayor que la del conjunto de la población, especialmente cuando están encabezadas por mujeres.

Lo cierto es que siendo una herramienta importante para aliviar estos casos extremos y compensar los abusos de quien no paga los alimentos de los hijos, el Fondo apenas se utiliza, y la mayor parte del dinero destinado a mejorar esas situaciones tan crudas se queda sin gastar.

Basta el ejemplo de lo sucedido en 2022, el último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, en el que se tramitaron 1.748 solicitudes y sólo se respondió positivamente a 554, el 32% de las peticiones; apenas una de cada tres. Es el segundo peor dato desde la creación de este instrumento estatal, sólo por detrás del registrado en 2008, cuando se puso en marcha, y muy lejos del mejor año, en 2015, cuando se contabilizaron 4.607 solicitudes, de las que fueron aceptadas unas 2.500, el 48%.

La mayoría de las denegaciones (el 82% del total) obedecen a que el solicitante desiste en pleno proceso administrativo y a que las familias superan los ingresos exigidos. Tanto el Tribunal de Cuentas como los abogados de familia, el cuerpo de letrados que mayormente representa a los solicitantes de estas ayudas, han observado que un elemento que contribuye al desistimiento es la falta de una resolución judicial que ordene ejecutar el pago de la pensión.

Y sobre los ingresos familiares, ambos organismos advierten de que el acceso al Fondo exige disponer de una renta significativamente inferior al umbral de la pobreza, o sea, vivir en la precariedad total. Concretamente, el umbral de la pobreza del INE asigna unos ingresos de 13.114 euros anuales a una familia monoparental con un hijo, pero para acceder al Fondo esta familia sólo podría ingresar 10.168 euros, el 78% del total.

Por eso, los abogados de familia creen que hay margen para que las ayudas lleguen a un mayor número de familias necesitadas, ya que, según los criterios establecidos por el Estado, sólo pueden acceder al Fondo las familias en pobreza «muy extrema», y siempre que cuenten con una sentencia favorable para ejecutar el pago de la pensión, lo que se puede prolongar en el tiempo.

«El acceso al Fondo exige estar en una situación superlímite y acudir previamente a la ejecución judicial de la pensión impagada, lo que retrasa la protección. Por eso hay mucha gente que desiste, y los que deciden continuar tienen difícil acceder a esas ayudas. Por eso creemos que aunque puede ser una herramienta muy útil contra la pobreza, el Fondo ha sido un fiasco», señala María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa),

A petición del Tribunal de Cuentas, la Aeafa se ha reunido en dos ocasiones con esta institución para asesorarles. Una de las letradas presentes en ambos encuentros, la vocal María Dolores López-Muelas, cree necesario aumentar la cantidad de 100 a 300 euros por hijo para adaptarla al nivel de vida, incrementar los ingresos de los solicitantes al salario mínimo interprofesional, 1.134 euros en 14 pagas (un total de 15.876 euros frente a los 10.168 actuales, lo que ampliaría la horquilla de beneficiarios) y prolongar la protección a la mayoría de edad de los hijos en caso de mantenerse la situación de impago.

El propio Tribunal de Cuentas también ha hecho un examen de conciencia de por qué el Fondo no está funcionando, y admite que la regulación vigente es «insuficiente» tanto por la limitación de ingresos como por la escasa cuantía y duración de la misma. Y apunta a que algunos aspectos procedimentales «pueden mejorarse» a fin de facilitar la tramitación de las solicitudes, entre ellos la exigencia de la ejecución judicial.

Además, los letrados de familia y el propio Tribunal advierten del bajo índice de recaudación de los reembolsos, sólo el 14% en 2022, lo que da una idea del escaso interés de los deudores de alimentos en abonar lo adelantado por el Fondo. La Aeafa propone acciones legales contra ellos «como el embargo de bienes muebles e inmuebles», e incluso abogan por vías adoptadas con éxito en otros países como la retirada del pasaporte mientras sean deudores de alimentos de los hijos. «Esta medida puede ser mucho más efectiva que el embargo de bienes», apunta López-Muelas, que así lo ha trasladado al Tribunal de Cuentas.