La Fiscalía se propone ser más «proactiva» para proteger a la mujer amenazada por violencia de género

Para mejorar la protección de las mujeres ante la violencia de género llama al orden a los funcionarios de su dependencia y les recuerda que son ellos también los que pueden, y deben, pedir las órdenes de protección «aunque no lo solicite la víctima». «Debemos ser proactivos», escribe Peramato, que prosigue exhortando a «extremar la diligencia a la hora de valorar todas las circunstancias personales» y «solicitar la práctica de las diligencias» para constatar los hechos denunciados y determinar el riesgo de la mujer agredida.

El VioGen y otros sistemas no basta, alerta Peramato a los fiscales de guardia, y les pide insistir en la «valoración forense del riesgo». La «aplicación del Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo» ha sido «escasa» en la actuaciones de la Fiscalía, mantiene, en parte porque las unidades para practicarlas «no existen en todos los partidos judiciales». Además les instruye para «potenciar el uso de los dispositivos telemáticos de detección de la proximidad», una recomendación «reiterada» por los especialistas.

En este llamado de atención a los fiscales se les recuerda que de los doce asesinatos de diciembre la mitad de las mujeres víctimas había denunciado, y que sólo dos habían tenido órdenes de protección que decayeron por falta de actuaciones (de la víctima pero también de la Fiscalía), otras dos habían ganado sus demandas y sin embargo de nada les sirvió, y otros dos procesos seguían abiertos sin que se tomaran medidas para salvaguardar la vida de las víctimas.

«Si analizamos los feminicidios ocurridos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2022, resulta que en el 42.85% de los supuestos había denuncias previas y solo en 6 ocasiones se acordó la Orden de protección y en otras 4 ocasiones se había dictado sentencia condenatoria (en dos ocasiones estaba vigente la prohibición de aproximación)», demuestra Peramato.