El fiscal equipara la violación grupal de Santander con el 'caso de La Manada': «Fue salvaje»

Tras hacer un par de correcciones a su escrito de calificación, el fiscal elevó a definitivas sus conclusiones, con lo que mantiene su petición de pena más de cien años para los cuatro acusados: 30 años de cárcel para tres de ellos (Ble C., Julio C. C. y Jean P. N.) por un delito de agresión sexual con penetración y actuación conjunta de varias personas –12 por violación y 18 como cooperadores necesarios de lo anterior, a razón de seis años por cada uno de los tres ilícitos–; y 15 años y medio para un cuarto (Espoir N. N.) como cooperador necesario de las agresiones sexuales y por intentarlo él también. Hay un quinto implicado en este caso, según la denuncia presentada por la víctima, que no ha sido localizado y por tanto no está siendo juzgado.

A la hora de calificar los hechos, el fiscal explicó que ha aplicado la conocida como ley del 'solo sí es sí' con carácter retroactivo por ser «la más beneficiosa para los acusados». «La actual contempla penas de 12 a 15 años y la anterior (la promovida por Irene Montero) de 7 a 15, con lo que se aplica esta última».

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público también mantiene su petición de 100.000 euros cree que, «aunque parezca muy elevada», es «ajustada» a lo ocurrido.

También elevaron a definitivos sus escritos iniciales las demás partes del procedimiento. Así, la abogada de la joven, que ejerce la acusación particular, ratificó su solicitud de casi 200 años de prisión a los imputados –50 años para los que presuntamente consumaron la violación y 48 años y medio para el cuarto que lo intentó y ayudó a los demás– y la misma cuantía que el fiscal en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, las cuatro defensas se reafirmaron en la absolución de sus clientes y mañana darán a conocer sus conclusiones.

Durante su informe, el fiscal aseguró que «hay prueba de cargo más que sobrada» para condenar a los acusados a pesar de las dificultades de la causa «por la posición de los ellos» y «porque al principio se identifican y señalan unos a otros como los que estaban en el piso». También ha tenido en cuenta la «principal prueba», el relato de la denunciante, que siempre ha dicho «sustancialmente lo mismo, sin ninguna contradicción relevante sobre lo sucedido», salvo alguna «confusión» por su estado de intoxicación. «No ha ocultado elementos que le generan vergüenza y ha reconocido el consumo de alcohol y drogas el día de los hechos», afirmó el representante del Ministerio Público, que también incidió en que la chica «no estaba inconsciente», aunque tenía su capacidad de juicio «muy afectada». «Su relato es coherente y está corroborado por las testificales de sus dos amigas. Además, los informes médicos confirman que la relación no fue consentida (si bien los forenses no han descartado que también puede haber heridas como las que presentaba en una relación consentida)».

Otra de la pruebas que corroboran los hechos para el fiscal es el trastorno de estrés postraumático grave que presenta la denunciante y que «deriva de un riesgo vital sufrido por la víctima».

Respecto a los cambios de versión de dos acusados y la negativa de otros dos a contestar a sus preguntas, señaló que solo han coincidido en una cosa: en que estaban todos borrachos menos la chica, cuando las pruebas periciales han corroborado en ella un consumo «importante» de alcohol y también de otras sustancias. «Las manifestaciones de los cuatro acusados son mentira solo por decir eso».

Por su parte, la abogada de la denunciante puso de manifiesto la «persistencia en lo esencial» del relato de la chica, que es «acorde» al estado de «embriaguez» que presentaba en el momento de los hechos y del «trastorno de estrés postraumático» que padece. Los acusados se «aprovecharon» de su «especial vulnerabilidad» y de ese «clima intimidatorio que crearon por las escasas dimensiones de la habitación donde se produjeron las agresiones sexuales»; hasta el punto de que «la llevan, la traen y la mueven a su antojo».

Además, esta letrada –que calificó de peregrinos los cambios de versión de los acusados– dijo que la joven «no pudo prestar su consentimiento». «Dice que tuvo miedo y no cabe duda de que la intimidación fue de suficiente entidad como para vencer su voluntad», afirmó para, a continuación, afirmar que la indemnización de 100.000 euros «no se si es insuficiente pero desde luego que es justa, porque no lo solo se paga por el estrés postraumático sino por el dolor causado».

Antes de que las acusaciones ofrecieran sus conclusiones del juicio se practicaron las periciales y se continuó con las testificales. Las primeras en comparecer fueron las forenses que examinaron a la denunciante tras lo ocurrido y que presentaba algunos signos, pero no lesiones graves, como hematomas, arañazos o enrojecimiento en algunas zonas del cuerpo. Cuando la joven acudió al hospital junto a su compañera de piso, horas después de los hechos, los médicos la vieron «orientada», «correcta», «colaboradora» y «coherente», a la par que «muy abatida, abrumada y confusa» por la situación.

Las muestras de orina y suero de sangre extraídas ocho horas después de los hechos dieron positivo en alcohol (en concentraciones compatibles con una borrachera), cocaína, ansiolíticos y antidepresivos. Sobre esto último la joven refirió que había sufrido depresión previa los hechos, así como dos intentos autolíticos.

Las forenses no recogen ningún diagnóstico de trastorno de la personalidad como tal pero sí determinados rasgos de personalidad que apuntan a inestabilidad emocional o emociones «muy erráticas e impulsivas». Y refleja además distintos síntomas de estrés postraumático «grave», trastorno este último que sería compatible con lo relatado pero que «no tiene nada que ver con sus antecedentes». Las expertas apuntaron que la joven al principio «quería borrar» lo ocurrido pero meses después estaba «peor» y presentaba un «cuadro depresivo».

Las muestras y análisis de diferentes sustancias dieron como resultado que los restos de semen en el cuerpo, ropa de la víctima y de la cama del piso donde tuvo lugar la supuesta violación eran coincidentes con los perfiles genéticos de dos encausados, a los que ella identificó en diferentes ruedas de reconocimiento.