España es el segundo país europeo con más niños pobres o en riesgo de serlo

Uno de cada tres menores de 18 años que residen en España está condicionado por una vida de notables carencias o incluso ya ha visto como en su casa se ha traspasado el umbral de la pobreza. Solo Rumanía, donde cuatro de cada diez niños rozan o viven en la indigencia, tiene peor situación, con Bulgaria y Grecia, muy cerca de los malos datos españoles, e Italia en quinto lugar de este triste ranking, con casi un 30% de chicos en riesgo de pobreza.

De hecho, la infancia es el grupo de edad español con el que más se ceba la necesidad y la miseria. El 33% de los menores solo conocen esta vida de estrecheces y carencias frente al 27,6% de la media de los españoles, cinco puntos y medio más de riesgo de pobreza y expulsión, que se convierten en catorce más si con quienes se les compara es con los pensionistas españoles.

El volumen del riesgo de pobreza infantil en España ha empeorado en el último año 2,7 puntos y se han evaporado las mejorías logradas desde 2016, para situarse de nuevo cerca no muy lejos de los máximos históricos de deterioro vividos en 2014, en lo más profundo de la gran crisis, cuando los riesgos de indigencia y exclusión alcanzaron a casi el 36% de los chicos españoles.

La mala situación actual cada vez aleja más a España de ser capaz de cumplir los objetivos de reducción de la pobreza infantil que se fijo la Unión Europea para esta década. Los socios comunitarios se marcaron como meta que los niños y adolescentes en riesgo de exclusión no superasen en 2030 el 17,2%, la mitad de la realidad española. La situación aún es mucho peor, con niveles de Rumanía, en Ceuta, Melilla y Canarias; empeora la media nacional en Andalucía, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana; y solo tiene tasas más bajas en Euskadi, Navarra, Cantabria y Aragón.

El análisis de la Plataforma de la Infancia describe los efectos concretos que sufren este tercio de niños españoles pobres, buena parte de los cuales forman parte de familias monoparentales, entre los que el riesgo de indigencia alcanza a bastante más de la mitad. El 29% vive en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza (20.000 euros anuales para una pareja con dos hijos) y hasta un 15% conoce en su casa la pobreza severa (menos de 13.350 euros). La franja de edad con mayor riesgo de miseria es la de los chicos de 11 a 17 años, que tienen como obstáculos derivados de su mayor vulnerabilidad un altísimo absentismo en los estudios y las mayores tasas de abandono escolar temprano.

El 49% de los menores españoles pertenece a una familia con dificultades para llegar a final de mes, la mitad, de hecho, lo consigue con mucha dificultad o con muchísima dificultad, el 9% tiene a todos los miembros del hogar sin empleo y el 48% de los niños españoles pertenecen a las capas más pobres de la sociedad, a los dos escalones de ingresos más bajos de cinco.

Como resultado de todo lo anterior el 19,3% de los menores tienen carencias materiales y la mitad de ellos privaciones severas. Sus familias no pueden hacer frente a imprevistos, no saben lo que son unas vacaciones, tiene retrasos en el pago de hipotecas y créditos y riesgo de desahucio y conocen la pobreza energética, la brecha digital e incluso la malnutrición. El 17,6% ha necesitado ir al dentista, pero no ha podido, y uno de cada cuatro han necesitado acudir a centros de preescolar o infantil y tampoco lo han conseguido por falta de dinero.

La Plataforma de la Infancia admite que las medidas del «escudo social» del Gobierno contra la crisis (ingreso mínimo, ertes, subvenciones) han disminuido parte del impacto de la crisis pandémica, pero tienen claro que hace falta un salto de medidas e inversión si se quieren encarar los objetivos europeos. España, denuncian, gasta prácticamente la mitad que la media de sus socios en infancia (1,3% del PIB frente a 2,4%). Su listado de reivindicaciones incluye una «ayuda universal a la crianza», mejorar el acceso real al ingreso mínimo y al complemento de infancia de todos los que lo necesitan y, de forma muy especial, garantizar a todas las familias vulnerables la gratuidad del comedor escolar y de la salud bucodental y visual de sus hijos, así como plazas públicas en la primera etapa de educación infantil y medidas de apoyo y refuerzo escolar.