Este domingo toca cambio de hora: a las tres serán las dos

Pero no será el último cambio de hora. En la madrugada del 29 de marzo de 2020, los relojes se adelantarán una hora para aplicar al llamado horario de verano, que España como otros países introdujo en 1974, durante la primera crisis del petróleo, para ahorrar energía; cambio de hora que la UE, desde 1980, obliga a aplicar a sus socios todos los últimos domingos de marzo.

Lo que es seguro también es que los españoles tendrán que retrasar las manecillas del reloj de nuevo el 25 de octubre de 2020 y que volverán al horario de verano en el último domingo de marzo de 2021. A partir de ahí todo es una incógnita.

Si los planes respaldados por la Comisión Europea y el Parlamento de Estrasburgo se cumpliesen, en 2021 la UE liquidaría los cambios de hora para siempre y cada estado miembro decidiría qué horario fija en su territorio, si el de verano o el de invierno. De ser así, para los primeros el último cambio de hora sería el del 28 de marzo de 2021; los segundos, los que se quedarían con el primigenio horario de invierno, fijarían su hora definitiva el 31 de octubre de 2021.

Sin embargo, para que el calendario aprobado por el Europarlamento sea una realidad, en menos de dos años la cámara debe negociar y alcanzar un acuerdo con los jefes de Gobierno y aprobar una directiva que revoque la de 1980 y fije las nuevas normas horarias. Esta negociación aún no ha comenzado y no será fácil porque entre los ejecutivos hay opiniones variadas, incluso contrarias a liquidar el cambio de hora bianual.

El Parlamento solo pidió «coordinación» entre los países a la hora de decidir qué hora dejan fija para no afectar el buen funcionamiento del mercado único, que no se puede permitir un abanico horario caótico a sumar a los tres husos horarios que ya tiene la UE: una hora menos que España en Portugal, Irlanda y Reino Unido; la hora española y de Europa central; y una más que en España en Grecia, Finlandia y los países del este.

¿Puede continuar el actual cambio horario más allá de 2021? Entra dentro de lo posible. Bien porque no sea factible el acuerdo entre los estados, bien porque se decida retrasar la aplicación de la directiva hasta 2020, como prevé el Parlamento si hay que dar un margen para tomar medidas de ajuste en el mercado interior. «Yo deseo el fin de los cambios, pero soy muy escéptico. La UE es un elefante muy lento», advierte José Luis Casero, presidente de la Comisión de Racionalización de Horarios y uno de los trece miembros del comité de expertos creado por el Gobierno español.

España aún no ha fijado su posición, pero antes de abril del próximo año tiene que comunicarle a Bruselas qué horario -verano o invierno- es el que quiere dejar fijo en 2021. El Gobierno, en marzo pasado, dejó el asunto en el aire (hasta 2021) con la excusa de que el informe que le entregó el comité de expertos no era «ni unánime ni concluyente», aunque fuesen mayoría los que apostaron por dejar el horario de invierno. Casero defiende que el trabajo de los expertos no tuvo conclusiones comunes porque «nunca se buscaron».

«Fue un 'frankenstein', un corta y pega con el posicionamiento de cada experto y nunca el trabajo de una comisión de expertos», recuerda, al tiempo que dice estar convencido de que no hubo propuesta de síntesis porque el Gobierno «no quería mojarse antes de unas elecciones».

Ya no hay comité de expertos, se disolvió en febrero, pero el Ejecutivo que salga de los comicios del próximo 10 de noviembre deberá darse prisa para tomar una decisión. Casero cree que para que el Gobierno llegue a tiempo necesita «liderazgo» y su consejo es que nombre un comisionado para la racionalización de horarios, que también se ocupe de otros aspectos como la conciliación, los permisos paternales o el teletrabajo, y que le entregue una propuesta en la que solo decida teniendo en cuenta los pros y los contras.

Este experto, partidario del horario de invierno, considera que un cambio de horario -la introducción desde hace 45 años de la hora de verano- es algo artificial, solo justificado por motivos económicos. «Si la UE dice ahora que ya no existen esos motivos económicos, ¿por qué lo debemos hacer?», se pregunta.