«España está fallando por completo a los pobres»

Alston indica que, pese a ser España la quinta potencia de la UE y haber superado el ritmo de crecimiento previo a la crisis, sus índices de pobreza y desigualdad son de los más altos del continente –cinco puntos más de población en riesgo de pobreza– y superiores a los anteriores al 'crack' económico.

No tiene dudas sobre la razón. Es el resultado de las políticas realizadas por el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, por los de Mariano Rajoy, «que beneficiaban a las empresas y los ricos» mientras recortaban los servicios y ayudas públicas, «que nunca se restauraron».

El resultado, asegura, es que «han dejado a muchos atrás»: un 26% de pobres (30% en infancia), un 55% de españoles que llega a fin de mes a duras penas, el doble de paro que la UE, o la construcción de un 2% de vivienda social frente al más de un 20% en Europa. El 10% más rico del país ha aumentado sus ingresos un 24% en la última década, por un 2% el 10% más pobre. «Hay dos Españas», resumió. La rica y turística, que él había visitado varias veces, y la de un 14% de familias que «si enciende la calefacción no come», de inmigrantes que viven en Lepe en campamentos sin agua ni saneamiento «en muchas peores condiciones que los refugiados», o de gitanos y otros vecinos muy pobres que residen en «basurales inhumanos» como la madrileña Cañada Real.

El relator recomendó a España que «se mire de cerca al espejo». Lo que verá, indica, es «una pobreza generalizada», «una crisis de vivienda de proporciones inquietantes», «un sistema de protección social completamente inadecuado», «un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico», un sistema fiscal que favorece «a los que más tienen», y una burocracia que «valora más los formalismos que el bienestar de las personas».

«La palabra que más he oído en las últimas dos semanas es 'abandonados'», explicó Alston, quien añadió que, entre la generalidad de pobres, hay ciertos grupos «particularmente olvidados». Citó a los gitanos -«a los que muchos tratan como escoria»–, los inmigrantes –«algunos viven como animales»–, las «explotadas» trabajadoras domésticas extranjeras, los discapacitados –«extremadamente desatendidos»–, los habitantes de la España vaciada, y las mujeres.

El relator la puso decenas de tareas al nuevo Gobierno –de quien dijo que «aplaude» su programa social–, pero especialmente cuatro. La implantación de una renta básica nacional muy superior a los subsidios actuales, «para los que hay que esperar hasta tres años si superas la burocracia y que pierdes si te cambias de autonomía». Una reforma fiscal «redistributiva», que suba los tributos a ricos, empresas y patrimonio y persiga a los evasores. Un aumento de la vivienda y el alquiler sociales, de cara al medio y largo plazo, y el control de los precios del alquiler para lo antes posible. Y un aumento del salario mínimo y una reforma laboral que termine con la altísima precariedad. Además, pide «liderazgo nacional» –que el Gobierno termine con las ayudas mínimas de algunas autonomías»– y el fin de la «burocracia decimonónica» para acceder a las prestaciones.