Quien esclavice a víctimas de trata pasará de 8 a 12 años entre rejas

El borrador, que antes de llegar al Congreso deberá ser revisado por los órganos consultivos del Estado y recibir la luz verde definitiva del Consejo de Ministros, prevé que quienes resulten identificadas oficialmente como víctimas de trata lograrán la residencia en España y todos los beneficios económicos y sociales que contiene la ley aunque no denuncien a sus proxenetas o explotadores ni colaboren en su detención.

El documento, elaborado por los ministerios de Igualdad, Justicia, Interior y Seguridad Social, tiene un triple objetivo. Extender el castigo penal que ya recibían los traficantes de personas a quienes luego las explotan, desplegar una red pública para el rescate e inserción social de las perjudicadas y garantizar que las víctimas recibe todas las ayudas denuncien o no o dispongan o no de documentos de estancia legal en España.

Es el complemento indispensable de la proposición de ley socialista para la prohibición de la industria proxeneta, sí el Congreso termina por validar la norma abolicionista, ya que la mayor parte de las mujeres que se prostituyen en España son víctimas de trata. Pero, además, es una ley integral que pone en el punto de mira todo tipo de explotación de seres humanos, no solo la sexual. Persigue también el trabajo o las actividades delictivas forzadas, las redes de mendicidad, la trata para matrimonios forzados o el tráfico de órganos. Para aumentar la eficacia en esta lucha crea secciones especializadas en las fiscalías de todas las provincias.

Entre las figuras penales que se añade al ya existente delito de trata (el moderno tráfico de esclavos), castigado con entre 5 y 8 años de cárcel desde 2010, está el de trabajo o servicios forzados, que lo cometerá quien con violencia, intimidación, engaño, extorsión o abuso de superioridad explote a una víctima, infracción que pagará con entre 5 y 8 años de cárcel. Quien a lo anterior sume que tiene sometida y con sus movimientos restringidos a la víctima incurrirá en el delito agravado de servidumbre (6 a 9 años de cárcel) y quien, además, someta a la explotada a su total voluntad y anule su libertad será un esclavista y irá a prisión de 8 a 12 años.

El borrador, de igual manera, prevé encarcelar hasta cuatro años a quienes paguen (clientes) por recibir favores sexuales u otros beneficios sabiendo que las víctimas están forzadas por un tercero a satisfacerlos o enriquecerlos e incluye en el Código Penal un quinto ilícito, con el que castiga con entre 1 a 3 años de prisión a quien facilite la explotación humana alquilando o aportando el local donde se produce el abuso.

Buena parte del anteproyecto se orienta a terminar con un gran vacío de la legislación española, la falta de rescate de la víctima de la explotación. Nada más ser detectada, por la policía, la inspección laboral o una ONG, se le dará refugio y asistencia jurídica, psicológica y sanitaria y se activará el proceso para su identificación como víctima de trata. Aunque su estancia en España sea ilegal, se paralizará la expulsión y, si es reconocida oficialmente como explotada a la fuerza, tendrá derecho a acceder por vía extraordinaria a permisos de trabajo y residencia o a su repatriación, a entrar en programas de inserción laboral, a cobrar el ingreso mínimo vital y otras ayudas y disfrutar de preferencia en el acceso a la vivienda protegida.

El Estado compensará económicamente por el daño sufrido a las víctimas que no logren ser indemnizadas por sus tratantes o explotadores y facilitará y ordena agilizar la reagrupación familiar en España cuando la desvinculación de la red delictiva o su colaboración con la justicia pongan en peligro a los padres, hermanos o hijos de la víctima en su país de origen.

Todo el proceso de rescate e identificación estará controlado desde el Mecanismo Nacional de Derivación y la norma creará la Relatoría Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, el órgano que coordinará y supervisará las políticas contra esta lacra, estudiará la incidencia de estas redes delictivas en España, auditará la aplicación de la nueva ley y propondrá mejoras en el marco legislativo y en la atención a las víctimas.