Entregan más de 80.000 firmas en el Congreso para el desbloqueo de la 'ley de bebés robados'

La responsable de Organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, que acompañó a los dirigentes de las organizaciones en el acto, exigió al PSOE «valentía política» para desatascar la tramitación parlamentaria de la ley, que lleva hibernando en la Comisión de Justicia del Congreso desde hace cuatro años.

«Tenemos grandes esperanzas de que la ley salga adelante», dijo Soledad Luque, presidenta de la asociación, integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua). Pese a las adversidades, Luque no cae en el desaliento. El pasado 18 de enero, miembros del colectivo se reunieron con representantes del Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra (Podemos) y salieron satisfechos, a la vista de que los del partido morado se comprometieron a intentar que el texto se tramitara de manera urgente. Con la ley que se haya embarrancada, el Estado estaría obligado a buscar de forma activa a los bebés robados, investigar los hechos, sentar en el banquillo a los culpables de la desaparición y resarcir a las víctimas.

La norma está padeciendo una tramitación tortuosa y llena de triquiñuelas. Las víctimas son plenamente conscientes de que o se le da un empujón final a la ley y se tramita antes de junio o acaba muriendo en el camino. La asociación ha dirigido un escrito a la presidenta de la Mesa del Cámara baja, Meritxell Batet, para que dé por terminado el trámite de enmiendas y ponga fin al enredo. «Esta entrega de firmas no es el primer intento para pedir a la Mesa del Congreso que desbloquee la ley. El 25 de enero de 2022 varios grupos políticos –CUP, Más País, ERC, Compromís, Junts per Catalunya, Bildu y el BNG– ya lo pidieron sin que les hicieran caso. Un año después hacemos lo mismo las asociaciones», dijo Luque.

El problema estriba en que se sigue ignorando la magnitud del daño. Se ignora la cifra de bebés sustraídos y el de adoptantes. «No se trata de seguir esperando a que llegue el momento para que políticamente se entienda, sino aprobarla en tiempo y forma», aseveró Lilith Verstrynge.

En el documento en el que la organización de Luque expone sus argumentos se aduce que «este crimen contra la humanidad se produjo en cárceles, clínicas, maternidades y en todo lugar donde las mujeres parían, bien separando a los menores de sus madres sin disimulo, bien simulándose su fallecimiento y ocultándose su apropiación o desaparición forzada, incluso con alteración o falsificación de documentación pública».

La proposición incluye la creación de una unidad policial y una Fiscalía especializada para investigar la trama, además de otros aspectos como levantar la protección de datos, desclasificar y abrir los archivos para conocer la filiación biológica de los afectados, crear un banco de ADN e impulsar encuentros interfamiliares apoyados por equipos profesionales.

Aunque las cifras que se manejan se mueven en una nebulosa, algunas asociaciones cuantifican en 300.000 los bebés que fueron robados en España entre 1940 y 1990. El transcurrir del tiempo se ha convertido en un muro para los damnificados, dado que los delitos han prescrito, lo que acrecienta las dificultades para reparar el daño causado. La mayoría de los casos que han terminado en la justicia han sido cerrados casi inmediatamente ante la imposibilidad de encontrar vivos a muchos de los implicados o testigos, como médicos, enfermeros, trabajadores sanitarios, religiosos y padres biológicos, entre otros.