«La energía nuclear es insegura y genera una deuda social»

Eva Saldaña, licenciada en Biología y especializada en la rama de Ecología, lamenta la escasa ambición del Gobierno español en la reducción de emisiones de CO2. Considera que España puede cumplir sus compromisos internacionales de descarbonización sin recurrir a la energía nuclear.

-¿Qué consecuencias puede tener el giro dado por Joe Biden en torno al Acuerdo de París sobre cambio climático?

-Es un giro muy importante. La política que estuvo desarrollando Donald Trump era nefasta. Joe Biden ha dado unos pequeños pasos que veremos hacia dónde van, pero los acuerdos del G7 son tímidos. No se termina de afrontar la emergencia climática como se debe, con urgencia y ambición.

-¿Se puede cumplir con el Acuerdo de París y descarbonizar la economía sin el concurso de las centrales nucleares?

-Por supuesto. En 2015 ya presentamos un plan para llegar a un sistema 100% renovable, eficiente, inteligente y democrático. La energía nuclear es insegura y genera una deuda social importante en cuanto a los residuos radiactivos que produce.

-España es el segundo país de Europa con mayor consumo de carne y el cuarto productor mundial de porcino. ¿Esto debe cambiar?

-Sí, necesitamos un menor consumo de carne y un cambio en todo lo que es el sistema agroalimentario. Ahora se está poniendo mucha fuerza y empeño en las macrogranjas, que constituyen un sistema industrial con un fuerte impacto ambiental, sobre todo por su incidencia en la contaminación del agua. Llama mucho la atención que este aspecto esté olvidado en el plan de recuperación.

-¿Cómo debe hacerse la distribución de los fondos europeos de recuperación?

-Hemos visto cosas que avanzan, otras que son muy deficitarias y algunas que pueden suponer un riesgo. Al menos el 40% de los fondos va a ir destinados a emergencia climática y crisis de biodiversidad, lo cual es interesante y es un progreso. Pero el Gobierno se ha olvidado completamente del sistema agroalimentario, lo cual es una gran deficiencia. Las ganadoras son las grandes empresas, en detrimento de las pymes, la economía social y solidaria y los pequeños autónomos. Existe el riesgo de que no se apueste por una fiscalidad verde y justa.

-¿Y cómo debe ser esa nueva fiscalidad?

-Se debe regir por el principio de que el que contamina paga. El Gobierno ha dicho que va a haber un cambio, pero por ahora no lo vemos.

-¿El nuevo sistema tendrá en cuenta a los colectivos perjudicados para evitar crisis como la de los chalecos amarillos en Francia?

-En la transición energética se ha de poner atención en las comunidades vulnerables. Aquellas personas con puestos de trabajo en el sector del carbón, las nucleares y el gas se van a ver afectadas por una transformación. Habrá, eso sí, muchas oportunidades con las energías renovables.

-¿Consideran poco ambiciosa la ley de cambio climático?

-Es insuficiente, sobre todo en lo que atañe a la reducción de emisiones. Los científicos aseguran que necesitamos una disminución de emisiones del 55% para 2030. Y el problema es que se sale con una ley que contempla una rebaja del 23%. Vamos a denunciar al Gobierno con la presentación de un litigio climático por esta falta de ambición. Se suma a nuestra iniciativa Fridays for Future, lo cual es importante porque creemos necesaria una justicia intergeneracional.

-¿Avanza a buen ritmo la implantación de energías renovables?

-Necesitamos que haya un despliegue ordenado y planificado. Para nosotros es muy importante un desarrollo sin moratorias, pero con mucha protección de la biodiversidad y que los beneficios reviertan a las comunidades locales. Es muy importante que cambiemos el oligopolio eléctrico por una democratización de la energía. No se puede seguir funcionando con las mismas reglas.

-¿Qué supone la reciente sentencia de Shell? ¿Puede haber un movimiento en cascada?

-Últimamente estamos viendo casos que nos dan señales de esperanza. Es importante porque señala a los culpables. La sentencia sobre Shell obligará a la compañía a reducir un 45% sus emisiones de CO2 en los próximos diez años respecto a 2019. A la vez, en Exxon un pequeño fondo de inversores ambientales ha conseguido representación y demanda que se promuevan planes contra la emergencia climática.