El uso de pantallas en las aulas se generaliza pese a las alertas educativas

La última alerta ha llegado de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que de cara a este curso ha elaborado una guía dirigida a los centros en la que desaconseja la utilización de pantallas (exactamente de dispositivos móviles portátiles) por los riesgos en materia de seguridad que pueden comportar. 

El informe PISA, el estudio internacional que elabora la OCDE para comparar rendimientos entre países, permite poner cifras a esta realidad, pues además de las pruebas se aplican una serie de cuestionarios de contexto en los que participan los propios estudiantes, las familias y las direcciones de los centros y que facilitan la interpretación de los datos. 

En la edición de 2022 se preguntó a los participantes (alumnos de 15 años, mayoritariamente de 4º de la ESO) por el tiempo dedicado por día a utilizar recursos digitales en diferentes ámbitos. Y en el apartado de actividades de aprendizaje en la escuela sólo el 20,8% respondió que no los empleaban en ningún caso, repartiéndose el 79,2% restante, los cuatro de cada cinco que sí los utilizaban, en diferentes volúmenes horarios. La mayoría (40,2%) dedicaba hasta una hora, aunque había un llamativo 6,5% que afirmaba utilizar este tipo dispositivos al menos cinco, lo que significa la práctica totalidad del horario lectivo. 

PISA da más información sobre otros contextos relacionados con la educación y el ocio. Respecto a los primeros, se les preguntó por los periodos de estudio antes y después de la escuela –la utilización de pantallas era más o menos similar, en un 75,9% de los casos– o a lo largo del fin semana –70,6%–. En cuanto a los segundos, llamaba la atención que algo menos de la mitad afirmara emplear dispositivos digitales en horario escolar para estos menesteres –49,5%–, porcentaje que se disparaba fuera del centro: 80,6% antes y después de clase –el 10,3% con una exposición de más de cinco horas diarias– y 85,7% en fin de semana -–32% en las franjas horarias más elevadas–. 

Los reparos de la AEPD se sustentan en el enorme volumen de datos que se generan sobre los usuarios y que pueden escapar del control de los responsables (el centro o la administración), para ser utilizados para fines distintos al educativo, como los publicitarios, el perfilado de potenciales clientes o incluso para la geolocalización o el contacto con los menores. 

La guía –'Responsabilidades y obligaciones en la utilización de dispositivos digitales móviles en la enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria'– se justifica en el avance de la digitalización, al pasarse de unos inicios basados en ordenadores de sobremesa con aplicaciones «con una mínima o nula recogida de datos personales» a la proliferación de dispositivos digitales móviles con gran cantidad de funcionalidades (grabadoras, cámaras, procesadores de texto o cuentas de correo) que facilitan la recopilación de información sin que los usuarios lleguen a ser conscientes. Y «sin una separación clara entre el ámbito estrictamente educativo y la esfera privada». 

La agencia alerta no sólo de riesgos para la privacidad y la seguridad física del menor, sino también de posibles discriminaciones en aquellos casos en que se exige disponer de determinado equipo para la actividad lectiva. Por ello «desaconseja el uso de teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales móviles en los centros educativos si el fin pedagógico pretendido puede conseguirse a través de otro recurso más idóneo sin poner en riesgo la privacidad». 

«Estamos completamente alineados con la postura de la AEPD», explica Gil María Campos, presidente de la asociación Desempantallados, que defiende una educación lo más libre posible de pantallas y congrega a familias que en los últimos años han conseguido cambiar los modelos digitales aplicados en diferentes centros. Entre sus peticiones, está que la exposición no llegue antes de los 14 años y que su utilización sea limitada: sólo para la adquisición de competencias digitales. Es decir, que no suplanten a los libros de texto. «Pese a la advertencia de la agencia, es raro que un colegio, en los últimos años, haya pedido permiso a los padres para la gestión de tal cantidad de datos. Y es básico que sepan, igual que los docentes, que son responsables cuando se pide a los alumnos que utilicen determinada aplicación o programa, o cuando se obliga a adquirir un dispositivo», señala.

«Sistemas basados en la compra de un portátil o tablet (opción más extendida en los colegios privados y concertados) y la eliminación de los libros son contrarios a lo que determina la agencia», añade Campos, antes de poner el foco en los otros ámbitos que también cuestionan: el sanitario –la Asociación Española de Pediatría se ha posicionado a favor de reevaluar su utilización en el ámbito escolar– y el pedagógico (por los posibles efectos negativos en el aprendizaje, la concentración y a nivel conductual).