La ley de Universidades, pendiente y atascada

Esta regulación, demandada por toda la comunidad universitaria y los empresarios desde hace años, tiene como grandes objetivos actualizar y agilizar los órganos de gobierno y gestión, la contratación y la carrera profesional de docentes y PAS, garantizar una financiación suficiente, modernizar los estudios y potenciar la investigación y la conexión con las necesidades del mercado.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario, que ya había pasado en un primer borrador por el Consejo de Ministros, estaba muy avanzada, tanto que durante el otoño pareció que Castells podría trasladar a sus compañeros de Gabinete un anteproyecto definitivo de ley antes de que terminase el año, para su posterior remisión al Parlamento, que debía debatirla y aprobarla.

Sin embargo, todo se trabó en noviembre. Alumnos, sindicatos y rectores, descontentos todos con diferentes puntos del borrador, comenzaron un tira y afloja y un lanzamiento de envites al ministro, quien contestó con sucesivos cambios de criterio en varios puntos importantes, que iban satisfaciendo a unos y enfadando a otros.

El resultado fue el cabreo colectivo y el embarrancamiento de la negociaciones, con los rectores diciéndole que no le van a entregar su dictamen preceptivo, indispensable para cualquier anteproyecto de este tipo, hasta que dejase de cambiar los borradores y les enviase un texto con carácter definitivo. Sin este dictamen no lo podía llevar a Consejo de Ministros. Castells dio una patada hacia adelante e indicó que, aunque podía disponer de una mayoría parlamentaria para aprobar su proyecto, no quería imponer nada a la comunidad universitaria, con la deseaba continuar las negociaciones.Tanto frenó que comenzó a hablar de mandar la ley al Congreso durante el primer semestre de 2022.

La alta tensión con la LOSU coincidió con la aprobación por el Congreso de la Ley de Convivencia Universitaria, que sufrió importantes variaciones de última hora por las fuertes presiones de Esquerra sobre el Gobierno, y que se resolvió con el desmontaje vía enmiendas del sistema nacional de resolución de conflictos por mediación en los campus, el corazón del proyecto, cambios para los que no se contó con Castells, ni siquiera se le consultaron.

Las modificaciones en esta ley que debe sustituir al código disciplinario franquista de las universidades crearon un gran enfado y desconfianza en rectores y alumnos, quienes habían pactado el texto original con el ministro, lo que dio lugar a un inédito comunicado conjunto de protesta, que le acusaba de haber violado el acuerdo y reducido la ley a puras sanciones. PSOE y Unidas Podemos no contaron con su parecer, pero fue el ministro quien, después de haber ido al Parlamento con camisetas reivindicativas de los estudiantes, tuvo que sufrir en sus carnes una huelga de alumnos contra su gestión, el 18 de noviembre pasado, en buena parte de las universidades españolas.