El Supremo aconseja implantar protocolos contra los abusos sexuales en los colegios

El orientador habló con la víctima. Ella negó que los rumores fueran ciertos. El orientador buscó otros testimonios. Las dos amigas que le habían presentado al hombre confirmaron que ella hacía «guarradas» por dinero y porros. El orientador volvió a hablar con ella. La chica admitió que hubo tocamientos. Dijo que nada más. El orientador entonces habló con la madre de la niña, que afirmó en el juicio que su hija nunca le había contado «nada». Al preguntarle, la víctima dijo que sólo hablaba con el hombre cuando lo visitaba, con una frecuencia diaria. A veces dos veces al día, dice la sentencia del Tribunal Supremo, que recomienda la implantación de protocolos para detectar casos de abusos sexuales en los colegios e institutos.

Cuando la madre sospechó, a pesar de las negativas de su hija, que esa relación podría haber ido más allá llevó a la hija al ginecólogo y denunció ante la policía. La totalidad del delito, contenido por la niña por «vergüenza y miedo», afloró entonces: hubo también penetración vaginal con los dedos. Si «ni su propia madre lo detecta», dice la ponencia de Vicente Magro Servet, «suelen ser los centros escolares los que, al final, toman conocimiento de ellos y lo comunican, ya que de no ser así las conductas hubieran persistido en el tiempo hasta provocar, a buen seguro, daños más graves en la psique de los menores, lo que repercute seriamente en el desarrollo de su personalidad».

La niña está en tratamiento psicológico desde entonces. Cuando se hace consciente de los hechos que vulneraron su indemnidad sexual, y entiende que debe apartar el sentimiento de culpabilidad y el miedo, siente ira, se muestra evasiva, tiene asco. Pero se está recuperando, afirmó el psicólogo que la atiende durante el juicio. «De no haber sido por el orientador del instituto, los hechos no se hubieran descubierto, o lo hubieran sido muy tarde, con el componente de daño añadido por la persistencia que estos ataques sexuales comportan a los menores, ya que su consentimiento está absolutamente viciado por la prevalencia con la que actúan los autores».

Los menores, continúa el magistrado, «en muchos casos están expuestos a los deseos depravados de los adultos y utilizan, éstos, variadas fórmulas, desde la ascendencia familiar en unos casos a la entrega de regalos, como en este caso ocurrió, con la agravante de que aquí le suministraba droga, incrementando el daño a la menor».

El Supremo resalta la «eficacia y ejecución en los centros escolares de los protocolos de detección de ataques sexuales a menores, ante el silencio que guardan éstos en los casos en los que son víctimas de personas de su entorno, tanto familiar, como de terceros» por miedo. «Las posibles represalias del atacante sexual les hace aceptar la victimización».

Para el Tribunal Supremo los protocolos de detección de abusos y agresiones sexuales son «una herramienta necesaria ante la proliferación de estos supuestos» que se llegan a conocer en los colegios, «donde los menores víctimas de delitos sexuales pueden contar en su intimidad a sus amigos la situación de la que están siendo víctimas». Así, prosigue la sentencia, los responsables de los centros escolares» son los que podrían detectar esos delitos y advierte que carecer de un protocolo de actuación y callar los «signos evidentes» de abuso o agresión sexual es complicidad: «La carencia de estos protocolos internos explica en gran parte que se puede llegar a ser cómplice involuntario del abuso, al no haber dado una respuesta adecuada al problema». Se incluye tanto los centros escolares o deportivos como «cualquier centro público o privado» de actividades extraescolares.

El Supremo recomienda dos parámetros: uno, cuando el abuso es «perpetrado por personas del entorno del menor», que lo cuenta en el colegio; y, dos, cuando hay indicios o sospechas de abuso o agresión, y entonces los docentes deben acudir a los padres o, cuando se cree que uno de ellos es el autor del delito, a las autoridades. En el caso de Oviedo, al agresor se le ha condenado a 16 años de prisión.