Los soberanistas y el PSC aprueban la ley que esquiva la sentencia del 25%

El Govern planteó la ley como una respuesta legal a la sentencia del TSJC que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Con la ley, «situamos el catalán como eje vertebrador de la escuela frente a las amenazas», ha afirmado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. «Legislamos para que las leyes las apruebe el Parlament y no otra instancia», ha recordado el jefe del Ejecutivo catalán, que ha apelado a la «responsabilidad» y ha agradecido el apoyo de los cuatro grupos impulsores.

Con la ley, «garantizamos que la sentencia no afecte al sistema educativo», ha expresado ERC en el debate parlamentario. Sirve para «hacer frente a la sentencia, para preservar el modelo de inmersión ante las injerencias de la justicia», ha señalado Junts. El PSC, en cambio, ha destacado que la norma supone un «paso importante» en el «reconocimiento del español» en la enseñanza. Para la CUP, que ha votado en contra porque cree que se queda corta en la defensa del catalán, «abre la puerta al bilingüismo» y a la «segregación escolar». Los comunes han destacado que el modelo de inmersión cuenta con un amplio consenso y que «no se toca». Los grupos de la derecha, en cambio, han cargado con dureza contra la norma y contra el PSC y los comunes por «claudicar» a la «hispanofobia separatista» para mantener a Pedro Sánchez en el poder. «El monolingüismo forzoso es una traición al pacto constitucional», ha expresado Ciudadanos. «Ya están diciendo que ley les va a servir para no cumplir la sentencia», ha espetado la formación naranja a los socialistas. «¿Cómo es posible que la izquierda se sume al nacionalismo más rancio?», según PP. Vox ha acusado al PSC de permitir que el «autoritarismo separatista avance». Y ha anunciado un recurso al Constitucional y una querella. PP y Ciudadanos también acudirán al Tribunal Constitucional.

La proposición establece que el catalán es el idioma normalmente utilizado como lengua vehicular y en el aprendizaje en el sistema educativo, así como el de uso normal en la acogida de los alumnos recién llegados. Asimismo, el texto recoge que el castellano será empleado en los términos que determinen los proyectos lingüísticos de cada centro. En este sentido, la iniciativa establece que «la enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos» y que la presencia de las lenguas oficiales «debe tener en cuenta la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno, los objetivos de normalización lingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico».

La respuesta del Govern a la sentencia se compone de esta ley y de un decreto aprobado la semana pasada, que asegura explícitamente que no se pueden aplicar porcentajes en el uso de lenguas, reafirma el catalán como «lengua vehicular» y reconoce el castellano como lengua de «uso curricular». En sus alegaciones al TSJC, la Consejería de Educación defendió que la sentencia es imposible de ejecutar, en tanto en cuanto existe un nuevo marco normativo en Cataluña, aprobado por la Generalitat, que establece que no se pueden aplicar porcentajes en la enseñanza de lenguas en ninguna escuela pública o concertada de Cataluña. Este decreto está en vigor, pero aún debe pasar por el Parlament, donde contará con el aval de ERC, Junts y los comunes. El PSC, que ha apoyado la ley, se ha desmarcado del decreto, que se ha impugnado al Tribunal Constitucional.

Está por ver ahora qué respuesta da el TSJC a las alegaciones del Govern y si insiste en que el 25% se ha de ejecutar de manera inmediata.