La presión del independentismo radical dinamita el pacto lingüístico en Cataluña

La reculada de los de Puigdemont, reclamada desde la ANC, el Consejo para la República o por el propio expresidente Quim Torra, ha abierto un nuevo cisma en el independentismo. ERC, que se mantiene en el acuerdo junto a los socialistas y los comunes, ha cargado contra sus socios postconvergentes, a los que acusa de irresponsables por «dinamitar» el consenso. «El acuerdo es sólido y es lo más razonable para garantizar el modelo y la enseñanza en catalán. Y ahora se quiere poner en peligro. Es una irresponsabilidad actuar de este modo», según los republicanos. Junts aboga por buscar una nueva propuesta. Y pone como argumento para desmarcarse del pacto a cuatro el »rechazo« que a su juicio ha generado la iniciativa entre las entidades defensoras de la lengua y la comunidad educativa. Quines critican el acuerdo desde el independentismo creen que supone un paso atrás en la defensa del catalán, pues deja de ser la única lengua de enseñanza.

El PSC, ERC, Junts y en Comú Podem, que suman cerca del 80% de los escaños del Parlament, registraron ayer en la Cámara catalana una proposición legislativa para modificar la ley de política lingüística de 1998, aprobada dos años después del pacto del Majestic entre Aznar y Pujol.

La propuesta de reforma legal, de la que se descolgó de entrada la CUP, trata de garantizar la continuidad del modelo actual, que tiene el catalán como piedra angular del sistema educativo, y llegó horas antes de que expire el plazo dado por la justicia a la Generalitat para que aplique la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en los centros públicos y concertados.

Según las formaciones impulsoras, se trata de «un paso más para actualizar el consenso político y social en torno al modelo de la escuela, que debe tener el catalán como centro de gravedad lingüístico y garantizar la presencia y el dominio de todas las lenguas oficiales». La propuesta trata de garantizar la continuidad del sistema actual, pero aboga por flexibilizar la inmersión y reconoce por primera vez que tanto el catalán como el castellano son las lenguas docentes en Cataluña. Pero no pone porcentajes, como exige la justicia.

Desde el Govern han señalado este viernes que el acuerdo trata de beneficiar a todas las partes y que trata de dar respuesta a la sentencia del 25% para no tener que aplicarla en su literalidad. Desde el Gobierno catalán confían en que el juez del TSJC, tras ver el alcance de la reforma legal, concluya que no es necesario aplicar la sentencia en su literalidad y que con la reforma legal ya sería suficiente. El proyecto legislativo parte de la base de que «el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo». Pero añade que la «enseñanza de las lenguas oficiales y en lenguas oficiales tendrá garantizada una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos». La nueva regulación pone énfasis en que los proyectos lingüísticos se basarán en los resultados de las evaluaciones del alumnado en las lenguas oficiales, partiendo de la autonomía de los centros educativos y de su adaptación a la situación sociolingüística. Según la CUP, que se ha desmarcado del texto, ERC y Junts han »liquidado la inmersión«.