La nueva ley de FP se aprueba con el único 'no' del PP

La nueva ley de FP, que este miércoles será enviada al BOE y que entrará en vigor a los 20 días de su publicación, y que fue bendecida por amplios sectores sindicales y empresariales, cuenta con el respaldo parlamentario del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, JxCat, Más País y de los escaños de Compromís, PRC, Teruel Existe, Nueva Canarias y Foro; con las abstenciones de Vox, Esquerra, EH Bildu, la CUP, BNG y UPN; y con el único 'no' del PP.

PP y Vox, pese a su voto tan diferente, justificaron su postura con razones muy similares. Denunciaron que se ignoraron sus enmiendas y que el Ejecutivo margina a los centros concertados. La abstención de ERC se debe, sobre todo, a que entiende que la norma invade terrenos regulados por la ley catalana.

La ley tiene como objetivo duplicar el número de jóvenes técnicos y especialistas -para responder a los perfiles que el mercado español demandará desde 2025- y crear un sistema ágil y flexible que asuma la formación de los ocupados y el reciclaje de desempleados, así como la actualización de conocimientos a lo largo de la vida.

La norma contará con 5.500 millones de euros hasta 2025 para asegurar la puesta en marcha de las reformas. Aspira, además de a ampliar y modernizar las titulaciones, a crear un mínimo de 200.000 plazas en los ciclos formativos en un cuatrienio, acreditar en igual período las competencias profesionales de más de tres millones de españoles que carecen de certificación oficial alguna y a ser la vacuna contra el abandono educativo temprano, mal en el que España está a la cabeza de Europa.

La reforma fusiona en un solo sistema la antigua FP reglada -la que cursan los jóvenes en los institutos- con los programas y cursos de formación continuada y para el empleo, en muchas ocasiones gestionados por patronales, sindicatos o empresas. Para que sea posible el cambio, diseña un sistema flexible y acumulativo de formación, con un fuerte impulso de la docencia 'online', que permitirá itinerarios académicos a la carta, sobre todo para quienes aprenden y trabajan a un tiempo.

Los itinerarios contemplan cinco grados de conocimientos sucesivos y acumulativos. En el primero (el A), los beneficiarios recibirán microformaciones de pocas horas, por las que obtienen una «acreditación profesional de competencia». El grado B otorgará un «certificado de competencia profesional» tras completar un módulo. Y el C, que suma la aprobación de varios módulos, dará derecho a un «certificado profesional». Los dos últimos niveles, el D y E, se corresponden con los actuales ciclos reglados, la FP básica, media y superior. Con el D se logrará el título de técnico básico, técnico o técnico superior en cada disciplina y con el E, el de especialista (grado medio) o máster profesional (superior).

Pero el itinerario de formación profesional no se agota ni en el ciclo superior ni en el posible máster. La ley anima a los responsables educativos (autonomías y universidades) a firmar convenios para crear conexiones entre los institutos y los campus. Los acuerdos permitirían que unos y otros alumnos cursen materias o hagan prácticas en el otro ámbito académico y que exista la posibilidad de un reconocimiento mutuo de créditos para establecer pasarelas de continuación de estudios entre la FP superior y los grados y viceversa.

El otro gran eje de la reforma es su intención de transformar todo el sistema en dual. Es decir, que una parte notable de la formación se imparta directamente en el lugar de trabajo y que los centros de prácticas dispongan de un tutor y se responsabilicen de parte de la evaluación. Habrá dos escalas. Los ciclos generales, con una estancia en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración de los estudios. Y los ciclos intensivos, los que tendrán un aprendizaje a pie de obra de más del 35% del curso.

Los intensivos, dada su duración, exigirán que la empresa firme con el estudiante un contrato de formación y le remunere por ello en los términos que determine la legislación complementaria.

La reforma también busca dar solución a otra carencia de la FP española, la falta de internacionalización de los estudios. En los ciclos profesionales medio y superior se deberá aprender una lengua extranjera, se pondrán en marcha formaciones bilingües y se crearán dobles titulaciones, como ocurre ya en los grados. Se podrán implantar formaciones conjuntas con centros extranjeros y se fomentará la movilidad académica a otros países de estudiantes y de profesores.

El texto diseña un periodo de transición de cuatro años en el que de manera progresiva se pondrá en marcha el grueso de reformas del sistema. El calendario concreto para el despliegue lo debe aprobar el Gobierno tras consultar a las autonomías en no más de seis meses desde la entrada en vigor, lo que apunta a que estará pactado para el inicio del próximo curso.