El legado de Wert, en entredicho

Wert gobernó y legisló contra todos, incluso frente a algunos sectores del PP, pero con la pérdida de la mayoría parlamentaria popular, y su necesidad de alcanzar pactos para mantenerse en el Gobierno, parte del legado político del exministro ha sido sacrificado y otras de sus iniciativas estrella van camino de desaparecer.

El Tribunal Constitucional declaró ilegal el martes el 'cheque del castellano', el atajo jurídico que el exministro insertó en la Lomce para tratar, según sus propias palabras, de «españolizar a los niños catalanes», de garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña a los padres que así lo demandasen con el pago de un colegio privado. Pero el palo más rotundo a su reforma educativa llegó a finales de 2016, con la paralización 'sine die' de la implantación de las reválidas -los exámenes finales externos sin cuya superación ningún alumno podría titularse ni en ESO ni en Bachillerato- y su sustitución por una prueba voluntaria y el rescate de la antigua selectividad. Mariano Rajoy tuvo que guardar en un cajón la medida más polémica de la Lomce para asegurarse los apoyos para llegar a la Moncloa, para desactivar unos colegios e institutos en pie de guerra, y para abrir la negociación para un pacto de Estado por la educación, que cambie la 'ley Wert' por consenso y no por la fuerza de la oposición. Las reválidas, a día de hoy, están muertas. Si hay pacto educativo, porque nadie, ni el PP, prevé rescatar la fórmula diseñada por el ministro. Y si no, porque lo lógico es que sigan en el congelador para no correr el riesgo de su derogación.

Las negociaciones del pacto han dejado claro que los partidos, también incluido el PP, quieren cambiar en profundidad el currículo educativo de la Lomce. Los populares tuvieron que entonar en público un «mea culpa» por el arrinconamiento de la Filosofía y se comprometieron a recuperar la materia como obligatoria en segundo de Bachillerato y a impartirla a todos los alumnos en el final de la ESO.

Otro aspecto en el que todas las siglas están de acuerdo es en que fue otro error que se suprimiese Educación para la Ciudadanía y no se sustituye por otros contenidos similares, pues lo más parecido, Valores Éticos, es una alternativa a la Religión que solo cursan unos pocos. Todos los partidos coinciden en devolver al currículo obligatorio Valores Cívicos y Constitucionales, que incluiría derechos humanos y educación en igualdad, aunque aún deben decidir si como contenido transversal o si como asignatura específica. La Religión sin embargo, si es que hay acuerdo, apunta al camino contrario. Wert se empeñó en darle idéntica categoría que al resto de materias principales, con calificación que cuenta para la media, y todos los partidos, salvo el PP, tienen claro que no debe contar para nota ni estar en el currículo.

Fue el propio actual titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien admitió que la reforma de las tasas realizada en 2012, que permitió tal margen de subidas a las autonomías que han colocado a España como el quinto país con matrículas más caras de Europa, con un encarecimiento medio del 30% y casos de subidas de hasta el 90%, hay que revertirla. Como guiño redujo la horquilla de tasas de los másteres para este curso, para que pudiesen igualarse en precio a los grados. Alumnos, rectores y oposición le reclaman que negocie ya una reforma en profundidad para reducir de forma generaliza las tasas universitarias.

En lo que el ministerio no está por ceder, pero la presión de la oposición política y de toda la comunidad universitaria apuntan a que terminará por haber cambios, es en la política de becas de Wert. Rectores, alumnos y partidos exigirán para cualquier acuerdo que se acceda a las ayudas solo con una media de 5 -ahora es un 5,5 para matrícula y un 6,5 para fondos adicionales- y que el importe al que se tenga derecho solo lo limite la renta familiar. La conferencia de rectores calcula que unos 70.000 alumnos cada curso, pese a necesitarla, se quedan sin beca por no tener un 5,5 o la ven reducida solo a la matrícula por no llegar al 6,5 desde la subida de las exigencias académicas de 2012. Los que la consiguen, añaden, ven reducido el importe de media en 587 euros.