El Gobierno da el primer paso para lograr una selectividad más homogénea

El objetivo de este comité técnico es analizar si de verdad existen disfunciones entre las pruebas de Evau de las distintas autonomías, identificar cuáles son los problemas o aspectos que pueden generar la desigualdad y tomar las medidas necesarias para corregirlos, con el objetivo de garantizar la mayor equidad posible a todos los estudiantes que aspiran a ingresar en la universidad, se examinen de la selectividad donde se examinen. Esto es fundamental porque en España el distrito universitario es único y cualquier alumno de cualquier región puede competir por una plaza en cualquier universidad del país con su nota de Bachiller y selectividad.

El grupo de trabajo estará formado por responsables de los dos ministerios y de las comunidades autónomas, por representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), por expertos, y por delegados de los alumnos universitarios (a través de CREUP) y de los estudiantes de enseñanzas medias, a través de la confederación Canae.

La puesta en marcha de la comisión, ya anunciada por la ministra Isabel Celaá en junio pasado, se ha retrasado, según fuentes del Ejecutivo, debido a la imposibilidad de formar un Gobierno a lo largo del verano. No obstante, y pese a que todos los ministros siguen aún en funciones, se ha decidido dar ahora el paso porque se pretende que el comité técnico trabaje con rapidez y sus conclusiones y acuerdos puedan ser ya implantados en las pruebas de la Evau que se realicen el próximo junio, que suelen ser reguladas a través de un decreto aprobado en los primeros meses del año.

No hay fecha para la primera reunión de los expertos, pero fuentes educativas apuntan a que se producirá pocos días después de las elecciones generales del 10 de noviembre.

No existe todavía plan de trabajo del comité, pero la idea del Ejecutivo, según el análisis que hizo Celaá el pasado verano, apunta a que se acuerden una serie de pautas que garanticen que los exámenes tengan un grado de dificultad semejante en cualquier autonomía y que se consensúen criterios de corrección equiparables, por ejemplo en aspectos que en la actualidad tienen un tratamiento dispar según las comunidades como es la penalización que se aplica por las faltas de ortografía.

No obstante, lo que no busca ni el Gobierno ni la CRUE es el cambio total de modelo, con la implantación de la selectividad nacional única que reclaman PP y Ciudadanos, porque creen que funciona bien. Eso exigiría despojar a las autonomías de su competencia para diseñar parte de los currículos de Bachillerato. No se busca «una prueba exacta» para todas las comunidades, «pero sí que tengan el mismo grado de dificultad», aclaró en junio Celaá.

La queja más sonada de la pasada primavera, cuando entre el 3 y el 12 de junio unos 300.000 jóvenes se presentaron a la selectividad, fue el examen de Matemáticas de la Comunidad Valenciana, que fue definido como «el más difícil de la historia» y que provocó manifestaciones y que casi 50.000 personas pidiesen por internet su nulidad. Alumnos madrileños también denunciaron que su examen de Lengua Castellana y Literatura era mucho más complicado que por ejemplo el canario, con cinco pruebas y preguntas frente a las dos de los isleños. Desde Castilla y León se dice desde hace años que la comparación entre los resultados obtenidos por sus alumnos en PISA (ESO) y en selectividad (Bachillerato) prueban que hay comunidades que ponen una Evau más fácil o que son más generosas al corregir estos exámenes.