El Govern, PSC y comunes flexibilizarán la inmersión lingüística

La propuesta de reforma legal, de la que se descuelga la CUP, trata de garantizar la continuidad del modelo actual, que tiene el catalán como piedra angular del sistema educativo, y llega 24 horas antes de que expire el plazo dado por la justicia a la Generalitat para que aplique, en un periodo de dos meses, la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en los centros públicos y concertados.

Según las formaciones impulsoras, se trata de «un paso más para actualizar el consenso político y social en torno al modelo de la escuela, que debe tener el catalán como centro de gravedad lingüístico y garantizar la presencia y el dominio de todas las lenguas oficiales». El texto de la ley señala que «la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza tendrá en cuenta la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias educativas».

No aparecen porcentajes, como exige la justicia, pero por primera vez se reconoce al castellano también como lengua vehicular en la enseñanza. Así, el proyecto legislativo parte de la base de que «el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo». Pero añade que la «enseñanza de las lenguas oficiales y en lenguas oficiales tendrá garantizada una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos». La nueva regulación pone énfasis en que los proyectos lingüísticos se basarán en los resultados de las evaluaciones del alumnado en las lenguas oficiales, partiendo de la autonomía de los centros educativos y de su adaptación a la situación sociolingüística. Según la CUP, que se ha desmarcado del texto, ERC y Junts han »liquidado la inmersión«.

El Govern no dijo el martes pasado tras su reunión semanal que incumpliría el fallo judicial. Pero sí afirmó que su respuesta al TSJC tendría forma de cambio normativo a través de un decreto, eso sí, sin incluir ningún porcentaje en los planes lingüísticos. El Govern defiende el actual modelo y trata de blindar el uso del catalán a través del decreto aprobado el martes y por medio de esta modificación de la ley presentada este jueves en la Cámara catalana. Los cuatro partidos que proponen cambiar la ley forman parte del pacto nacional por la lengua, impulsado por el Govern, en el que también está la CUP. El PSC aboga por defender la inmersión, pero al mismo tiempo insta a Pere Aragonès y a su consejero, que está en la picota y para quien los sindicatos piden la dimisión, a que cumpla la sentencia del TSJC.

Está por ver qué acaba decidiendo finalmente la justicia, toda vez que la plataforma Escuela de Todos, que aboga por un modelo bilingüe, confirmó ayer que la semana que viene se personará ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para pedir la ejecución forzosa de la sentencia en representación de 1.500 personas entre padres y alumnos.