Los editores de libros de texto dicen ahora que no reciben presiones políticas desde hace 18 años

Este miércoles, sin embargo, ha precisado que se trata de sucesos de «una época muy remota», según ha matizado tras reunirse con la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, que le convocó junto a Antonio María Ávila al día siguiente de las polémicas declaraciones.

«Aprovecho para decir que la mayoría de los ejemplos que han creado tanta polémica son de una época muy remota donde se tenía que pasar una supervisión previa, antes del año 2001, muy lejana en el tiempo», ha admitido este miércoles.

El jueves pasado, en cambio, Moyano ilustraba sus acusaciones con un ejemplo que situaba este mismo 2019. «Este año ha pasado con las cajas de cambios en un libro de la Formación Profesional, que había que adaptarlo a la realidad autonómica. Ya me contarán ustedes las cajas de cambio de los coches qué realidad autonómica tienen», aseguró la semana pasada.

Tras la reunión con Celaá, celebrada en la sede del Ministerio en Madrid, el representante de los editores ha detallado que se trataba de un ejemplo de «los decretos de algunas comunidades autónomas que hacen referencia a que se relacionen los contenidos» de los libros «con la cultura de la comunidad».

Por su parte, la ministra en funciones Isabel Celaá ha confirmado que los editores le han negado la existencia de presiones políticas para moldear los contenidos de libros de texto: «De ninguna de las maneras se han referido a presiones».

La ministra ha tildado la reunión como «muy cordial», admitiendo que la convocó tras las denuncias públicas de los editores la semana pasada. «Todo ha quedado aclarado», ha hecho saber Celaá.

Según la ministra, durante la reunión los editores «han confirmado que no hay absolutamente ninguna denuncia de adoctrinamiento» por el contenido de los libros de texto. «Son unos profesionales que tienen libertad de empresa y que trabajan siempre en el marco constitucional», ha remachado.

Celaá convocó a los editores a una reunión después de que el director general de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, asegurase ante la prensa que todas las comunidades autónomas presionan personalmente a los editores de libros de texto mediante «mecanismos bastardos» para modificar o incluir contenidos.

Las palabras textuales de Ávila fueron que «los políticos presionan y además utilizan mecanismos bastardos para que los libros digan lo que ellos quieren que se diga y no lo que la ciencia dice». Además, acusó a consejeros de Educación y directores generales autonómicos de hacerlo con «un nulo respeto a la libertad de cátedra» para adaptar los contenidos de los libros de texto a sus intereses particulares.

El director general de la Federación de Editores llegó a mencionar caso concretos sin desvelar muchos detalles. Por ejemplo, acusó que «políticos» de Cataluña «quieren que hablemos de Wilfredo el Piloso -que fue Conde de Barcelona en el siglo IX- y no de los Reyes Católicos» o aludir a la «corona catalanoaragonesa» en sus libros.

Este miércoles, el presidente de ANELE ha asegurado que la supuesta omisión a los Reyes Católicos «no está en ninguna normativa». Según Moyano, lo que denunció su colega Ávila «sería alguna conversación con algún funcionario».

Ávila también aseguró el jueves que desde el Gobierno canario, sin concretar cuándo o quién, se solicitó que en los libros «desaparezcan los ríos» porque en las islas «hay ríos poco importantes» y en los libros se señala que tienen importancia como lugares de asentamiento humano o como vías de comunicación.

Del mismo modo, señaló a la Generalitat Valenciana por «censurar a un director de la Real Academia» como el fallecido filólogo Fernando Lázaro Carreter porque, según el relato de Ávila, afirmaba que el valenciano era un dialecto del catalán.