Cataluña no quiere a los Reyes Católicos en sus libros de texto; a Canarias no le gustan los ríos

«Cada comunidad autónoma tiene su manía, y es una falta de respeto a la libertad de cátedra. Presionan los consejeros, los viceconsejeros y los directores generales, pero no lo hacen por escrito, lo hacen en reuniones. Dicen cosas absurdas», ha afirmado el director general de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila.

El hartazgo de los editores de libros escolares es ya indisimulable. Por un lado, desde hace tiempo se enfrentan a presiones políticas, como por ejemplo, en Cataluña. «Allí quieren que hablemos de Wilfredo el Piloso y no el Velloso (Conde de Barcelona en el siglo IX) y no de los Reyes Católicos o que aludamos a la corona catalanoaragonesa, un término que en la Edad Media no existía y que no se ha utilizado hasta el siglo XX», ha agregado Ávila.

Pero las exigencias regionales llegan a todos los lugares y alcanzan cotas «absurdas». Así, desde Canarias les han pedido que desaparezcan los ríos porque no son importantes en las islas; la Comunidad Valenciana quiso censurar un libro del ya fallecido Fernández Lázaro Carreter, exdirector de la Real Academia de la Lengua, que decía que el valenciano era un dialecto del catalán; y Castilla-La Mancha exigió que un libro sobre las cajas de cambios de los vehículos se adaptara a la «realidad autonómica». «Será que las cajas de cambio de los coches en Castilla-La Mancha no son como las de Andalucía», ha ironizado Ávila.

«¿No sería más razonable que los manuales de matemáticas o de ciencias naturales fueran idénticos en todas las comunidades autónomas?», se ha preguntado el presidente de FGEE, que ha asegurado que de un libro de Matemáticas se editan hasta 17 versiones diferentes.

Según Anlae, cada año se publican unos 150 textos normativos diferentes sobre libros, ya sean leyes, decretos, órdenes o resoluciones. «Esta ingente producción legislativa provoca una dispersión de contenidos que va contra la igualdad de los estudiantes», ha declarado Ávila. «Los editores queremos hacer materiales adecuados, pero también tenemos que cumplir con los criteriso que establece cada comunidad», ha explicado el presidente de Anele, José Moyano.

La periodicidad con la que se deben renovar los libros de texto, las ayudas que reciben las familias (directas, por préstamos o asociadas al nivel de renta, según el lugar) o la «hiperregulación sin transparencia» son, a juicio de Anlae, algunos de los problemas que afrotan los editores de libros de texto, que desvían la responsabilidad del control de esta situación hacia las administraciones y, en concreto, hacia el Ministerio de Educación. «El Gobierno puede hacer mucho más en la unificación de criterios», subraya Moyano. «Pero el PSOE», continúa Antonio María Ávila, «no tiene un modelo único, sino uno por cada comunidad autónoma».

La unificación de los contenidos de los libros escolares no es la única batalla en la que se encuentra inmersa Anele. En mayo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) multó a la patronal de los libros de texto con 34 millones de euros porque el código ético que firmaron era en realidad una manera de coordinar políticas y condiciones comerciales para restringir la competencia en el sector. Los representantes de Anele recordaron que han recurrido ante el tribunal de lo contencioso esta sanción y defendieron que el fin último del código era «evitar que los prescriptores recibieran regalos». «Estamos convencidos de que la sanción no va a prosperar», aseveró Moyano.