El Constitucional avala la 'ley Celaá'

En su primer escrito, Enríquez daba el visto bueno a la ley, salvo en dos cuestiones, el rechazo a la segregación del alumnado por sexos y la obligación del Estado de valorar si los niños con necesidades especiales deben estar en centros de educación especial, pero la mayoría progresista pide que el nuevo texto también respalde estos dos puntos.

El 25 de marzo del 2021, Vox presentó un recurso ante el Constitucional contra lo que denominaba «la parte más sectaria de la ley» (enseñanza concertada, educación religiosa, educación diferenciada, centros de educación especial) y también «contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular», aunque en su decisión de ayer, el Constitucional no se pronuncia sobre la lengua vehicular ya que este asunto está en manos de otros tribunales.

En concreto, el partido de Santiago Abascal consideraba que la ley educativa «conculca derechos y libertades protegidos por la Constitución» y «revierte competencias del Estado en materia de educación», Además, estaba en contra de que los colegios que segregan por sexo no pudieran recibir financiación pública.

Entre los 50 diputados de Vox que firmaron el recurso se encontraba la entonces secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, que después abandonó la formación. «Es el principio del final de una ley sectaria y excluyente», dijo entonces Olona.

La 'ley Celaá', aprobada en diciembre de 2020, prioriza la escuela pública frente a la concertada. La octava ley educativa de la democracia elimina el concepto de «demanda social» de su predecesora, la Lomce, que dejaba que la concertada aumentara plazas y centros si el número de solicitudes de los padres era alto. Tampoco permite la cesión de terrenos públicos para colegios privados, controla la exigencia de cuotas obligatorias para los padres en los concertados, acaba con el distrito único en el proceso de admisión para primar la cercanía, la renta y la presencia de hermanos, se marca como objetivo evitar la segregación en el reparto de alumnos con necesidades de apoyo educativo (discapacitados, vulnerabilidad económica o extranjeros) y prohíbe el concierto con centros que separan por sexo.

Desde un punto de vista exclusivamente educativo, la Lomloe apuesta por un nuevo modelo más práctico, basado en la aplicación de los contenidos para la vida real, frente al enfoque memorístico de anteriores normas.

La decisión sobre la ley educativa es la segunda de calado que toma el Constitucional en apenas 24 horas, una demostración más del acelerón que ha dado el tribunal tras la renovación de enero, que supuso la entrada de una nueva mayoría progresista. El miércoles rechazó por nueve votos a dos otro recurso de Vox, en esa ocasión, contra la ley de eutanasia, «un derecho de autodeterminación que permite a la persona decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes» y que queda blindado por el Constitucional. Y hace apenas mes y medio, el tribunal avaló otra de las leyes que llevaban tiempo en discusión, la del aborto del Gobierno de Zapatero, al rechazar el recurso planteado por el PP en 2010.