El PP se compromete a mejorar la inversión educativa, pero no concreta ninguna cantidad

La propuesta que defenderá indica, según comentó su portavoz, Sandra Moneo, que no se puede cuantificar las necesidades de inversión hasta que se pacten las medidas y reformas concretas y se determine cuánto dinero y durante cuántos años es preciso gastar para ejecutarlas. Por lo tanto, considera que solo cuando las medidas del acuerdo estén pactadas se podrá realizar una memoria económica con el coste de cada una, que se deberá incorporar al pacto como compromiso de gasto del Gobierno y de las comunidades autónomas.

Los populares también incluyen en su propuesta que la nueva ley educativa que se negocia tendrá que crear un Fondo de Cohesión Territorial como instrumento para tratar que todas las autonomías tengan garantizados unos estándares de calidad mínimos en sus sistemas educativos, que acaben con las desigualdades existententes en la actualidad y que permitan poner en marcha nuevas medidas de mejora. Con fondos aportados por el Estado, y que tendrán cofinanciación de las autonomías, se implantarán programas, con medidas y prestaciones, entre ellos algunos de los que se incorporen al pacto educativo.

La portavoz socialista de educación, Mari Luz Martínez Seijo, consideró que la propuesta del PP es «decepcionante» y «absolutamente insuficiente» porque «no hay compromiso ni claro ni concreto de financiación» para un pacto de mejora de la educación ni se comprometen a recuperar el dinero dejado de invertir durante los años de la crisis. Martínez Seijo reclamó que, para que se pueda llegar a un acuerdo educativo, el Gobierno y el PP se tienen que comprometer, como mínimo, a elevar cada año, hasta 2025, el gasto educativo español en 1.500 millones, más de 10.000 millones en estos siete ejercicios, para poder alcanzar el 5% del PIB, que es el porcentaje medio en la UE y el que España destinaba en 2009. A partir de ahí, añadió, se debería reflejar que se aspira a gastar el 6% del PIB, para aproximarse a la inversión de los países más punteros.

La portavoz socialista mostró su esperanza de que en los próximos días, que será cuando la subcomisión del Congreso intente llegar a un acuerdo de financiación que permita el pacto, el Gobierno y los populares «recapaciten», porque «es el momento de que pongan sobre la mesa compromisos claros y serios».

El portavoz de Unidos Podemos, Javier Sánchez, insistió en que el pacto educativo, para que sea un acuerdo que merezca ese nombre, debería incluir un compromiso de inversión de al menos el 5% del PIB para 2020, que debería llegar al 6% en 2022 y al 7% en 2024. Sánchez, no obstante, adelantó que, aunque no logren llegar a un acuerdo en financiación, no abandonarán las negociaciones del pacto educativo, porque quieren estar «vigilantes» para que «incluso no lleguemos a algo peor que la Lomce».

La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, estuvo de acuerdo con el PP en que ahora es imposible concretar qué financiación será precisa para cumplir con la reformas y medidas que incluya el pacto, porqueaún se desconoce qué acuerdo habrá. Lo que pide es que, cuando se conozcan y cuantifiquen, el pacto debe blindar el gasto necesario por puesto escolar para ejecutar las mejoras con un compromiso tanto del Gobierno como de las comunidades autónomas. En su opinión, en el nuevo modelo de financiación los gastos en educación deberían ser finalistas, para garantizar que todas las autonomías reciben lo que necesitan y que todas lo gastan exclusivamente en este cometido.