Casado impugna la 'ley Celaá' por «atacar al castellano» e «impedir la elección de centro»

El recurso de inconstitucionalidad, elaborado por el bufete del exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, cuenta con 90 folios y detecta vulneraciones de la Carta Magna hasta en 16 de los 99 artículos de la Lomloe (la octava ley educativa de la democracia) y en dos de sus once disposiciones adicionales. En resumen, entiende que la norma debe ser declarada inconstitucional porque «ataca al castellano», «impide la libre elección de centro educativo», discrimina y asfixia a la escuela privada concertada, relega la asignatura de Religión, y reduce la calidad de la educación.

La base del recurso del PP es casi idéntica a la impugnación presentada el jueves pasado ante el Constitucional por Santiago Abascal y otros 50 diputados de Vox y a las objeciones de la escuela concertada, las que denunciaron en las manifestaciones de la revuelta naranja, que fue apoyada por ambas fuerzas conservadoras.

La impugnación de los populares, que insisten en que derogarán la 'ley Celaá' en cuanto regresen a la Moncloa, no paraliza el calendario de aplicación de la Lomloe, ya que no caben medidas suspensivas y el recurso tardará años en resolverse, según los precedentes. La impugnación que planteó el PSOE a finales de 2013 contra la 'ley Wert', la norma que ha derogado ahora la Lomloe y que se aprobó con los únicos votos del PP, no fue resuelto por la corte hasta abril de 2018, más de cuatro años después. No obstante, Casado insistió hoy en que las comunidades que gobierna su partido seguirán intentado sabotear la puesta en marcha de la 'ley Celaá' en todo lo que esté en su mano.

El PP defiende que la norma «atenta contra la libertad», en primer lugar, porque «vulnera» el derecho a la elección de centro educativo de los padres. Lo hace al suprimir el concepto de «demanda social», que permitía crear nuevas plazas de concertada si así se pedía; al retirar las subvenciones a los colegios privados que separan a los alumnos por sexos; y al incorporar un plan para integrar a los alumnos de educación especial en centros ordinarios en el que cree que se «desprecia» la preferencia de los padres.

De igual forma, ve «un ataque frontal y cobarde» contra la concertada por «arrinconarla» con su apuesta por la red pública como preferente; al «discriminarla» prohibiendo a los poderes públicos ceder terrenos para la construcción de colegios privados; y al «asfixiarla» por no dejarle cobrar por las actividades complementarias. El tercer ataque contra la libertad sería relegar la asignatura de Religión, al no prever materia alternativa alguna para quienes no la elijan y decidir que no cuente para la nota media.

Los conservadores entienden que la 'ley Celaá' ataca al castellano y va «contra la unidad nacional» porque retira el precepto de la 'ley Wert' que, por primera vez, explicitó que es la «lengua vehicular» de la enseñanza en todo el país. «Decir que el castellano no es lengua vehicular es una cesión a los independentistas», añadió Javier Esparza, líder de su socio navarro, UPN. Creen que rompe la unidad del sistema por no reservar al menos el 65% del currículo a materias fijadas por el Estado (el ministerio fijará entre el 50% o 60% de materias, según sea autonomía con lengua cooficial o no) y por no reforzar la Alta Inspección, «para evitar el adoptrinamiento».

Los populares denuncian que la Lomloe va a rebajar la calidad educativa al permitir pasar de curso con más asignaturas suspendidas, por no imponer una EBAU igual para todas las autonomías, y por no implantar un MIR educativo nacional.