Wert ultima una flexibilización de requisitos para abrir universidades

La norma del 1991 exigía unos requisitos mínimos en los espacios de las universidades. De las aulas, los laboratorios o la biblioteca. El borrador de reforma, sin embargo, ofrece unas guías orientativas al respecto que no son obligatorias. «Además se suprimen las referencias a las características de las bibliotecas, a las instalaciones deportivas y a los servicios comunes», asegura Julio Serrano, de la Secretaría de Universidades e Investigación de la Federación de Enseñanza de CC OO. Sin embargo, añade requisitos informáticos como la creación de «una zona wifi» y «un número adecuado de ordenadores para los estudiantes».

La reforma también suprime la exigencia de que, de las ocho titulaciones mínimas de una universidad, al menos una sea de ciencias experimentales o de estudios técnicos. «Estas son más caras porque exigen instalar laboratorios y otros equipamientos. Facilita ofrecer solo titulaciones baratas», afirma Serrano. Desde el Gobierno argumentan que el cambio favorece la creación de campus especializados y evita que todas tengan que ofrecer grados iguales a las de su alrededor.

También pueden cambiar los porcentajes de profesores que deben contar con título de doctor. Hasta ahora la exigencia es de un 30% para las titulaciones de primer ciclo -diplomaturas- y del 70% en las de segundo ciclo -licenciaturas-. La reforma contempla que sean un 50% en el caso de los grados y del 70% en los posgrados. Como con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior cambió el concepto tras las titulaciones, hacer comparaciones no es fácil. Aun así, Serrano argumenta que «si antes se exigía un 70% para las licenciaturas lo que están haciendo es rebajar ese requisito mínimo».

Reconocimiento de centros

«Lo que hará el real decreto es desregular la creación de universidades», explica Serrano. «Rebaja los requisitos mínimos». Asegura que el objetivo del Gobierno es favorecer la proliferación de instituciones privadas. Desde 1997 se han creado más de 20 en toda España, ninguna pública. «En el preámbulo ya queda claro el objetivo», afirma el portavoz de CC OO. En éste se detalla el propósito de «crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes, a favor de la creación de empleo y de crecimiento y en beneficio último de los consumidores y usuarios, que tendrán un mayor acceso a productos de servicio y calidad».

El real decreto también busca simplificar el proceso de acreditación de centros y titulaciones. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) alabó esta reforma. Mientras que ahora cada grado y cada máster deben pasar por la agencia de acreditación correspondiente cada seis o cuatro años respectivamente, la reforma propone reconocer a las instituciones, y no tener que entrar a evaluar cada titulación por separado. «Cuando un centro de una universidad tenga el 50% de sus titulaciones acreditadas se va a considerar que todas sus propuestas serán de confianza durante cinco años», explica Gaspar Rosselló, vicerrector de la Universidad de Barcelona. «Y nos parece bien, porque el modelo de ahora supone un esfuerzo muy elevado tanto a las universidades como a las agencias de acreditación». Un modelo equivalente ya funciona en algunas comunidades autónomas como Cataluña.

Aun así, los rectores llamaron la atención sobre algunas incoherencias del documento -como la obligación de ofrecer doctorados pero no posgrados- y protestaron por la falta de regulación de las universidades por internet, en plena expansión. Aun así, reconocen, el proyecto de real decreto, que está en su última fase antes de la aprobación, ha podido cambios desde la última vez que lo vieron.