Daniel Roldán
Jueves, 19 de febrero 2015, 18:38
La Comunidad de Madrid abrió un camino hace cuatro años y medio. En junio de 2010, la Asamblea regional aprobaba una ley que otorgaba a los profesores el marchamo de autoridad para protegerles en caso de agresión por parte de padres o alumnos o, en ... menor medida, que los castigos sean mayores. Varias regiones siguieron el ejemplo del Gobierno de Esperanza Aguirre, al igual que fiscales y abogados en numerosos procesos.
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Ahora, el grupo del Partido Popular en el Senado ha presentado una enmienda al proyecto de ley de reforma del Código Penal en el que quieren que se reconozca a los funcionarios docentes o sanitarios esta autoridad. La justificación es reflejar lo que la jurisprudencia ha venido recogiendo en los últimos años.
Según la propuesta de los populares para el artículo 550, los atentados serán castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra estos colectivos. Además, en otra enmienda al artículo 607, el PP quiere que a los genocidas, además de su pena, se les inhabilite de forma especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente.
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