La educación, el gran desafío contra la violencia machista

Desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, han sido 1.292 las mujeres asesinadas por violencia de género, una cifra aterradora que seguirá creciendo en 2025 porque es una lacra estructural que no cesa. «¿Te imaginas que fueran jugadores de fútbol?», se pregunta la psicóloga Sonia Vaccaro, especializada en violencia de género y 'madre' del término violencia vicaria. «¡Ya habría una alarma internacional!», responde enojada la psicóloga argentina, partidaria de aislar a los agresores. «Tenemos que mostrar a estos tipos y someterlos al escarnio social frente a esos foros de supermachos que se retroalimentan con una masculinidad tóxica», dice.

Según las estadísticas que maneja el Ministerio de Igualdad, en más del 70% de los casos de violencia machista de 2024 no existían denuncias, una cuestión que se trata de revertir ahora para salvar vidas. No será fácil. Desde que en 2004 se aprobó por unanimidad la Ley Integral contra la Violencia de Género (el pasado 28 de diciembre se cumplieron 20 años de esta norma pionera a nivel mundial), los asesinatos han descendido en torno a un 20% y las denuncias han aumentado sobre el 27%.

«Han bajado los homicidios y han subido las denuncias y eso es algo positivo, pero hay una situación que no se ha modificado sustancialmente, que es el número de mujeres asesinadas con denuncia previa, el 28% en el último año y sobre el 22% en la última década», indica el médico forense Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la violencia machista y una de las voces más respetadas en este terreno. «Esto refleja la necesidad de mejorar mucho la evaluación del riesgo, de actuar sobre los agresores desde los momentos iniciales, y no con la sentencia. No puede ser que una mujer que sufre violencia de género denuncie y no haya una atención hacia ella. Es como si una persona te llega con una puñalada, recoges la denuncia y no la mandas a un hospital a que la traten. Se ve todo tan normal que no se entiende que esta mujer y los hijos que viven con ella tienen una serie de consecuencias económicas, psicológicas y emocionales que han de ser abordadas. Hay que responder más allá de recoger la denuncia».

Lorente, como también lo ha manifestado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, confía en la renovación este año del Pacto de Estado de 2017, que contemplaba hasta 213 medidas institucionales, educativas, judiciales y sanitarias, entre otras, para prevenir y atajar la violencia machista. Ahora se incorporarán otras nuevas para combatir formas de violencia que van a más, como la vicaria y las digitales.

«Aún quedan medidas de la ley y del Pacto de Estado por poner en marcha, sobre todo echo de menos las relacionadas con la educación y la implicación social para aislar al maltratador y para que los entornos de las víctimas pongan los hechos en conocimiento de las autoridades», apunta Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que confía en que la renovación del acuerdo devuelva la violencia de género «como algo prioritario» a las agendas políticas.

Carmona, Lorente y Vaccaro abogan por que el Pacto salga por unanimidad, como ocurrió con la ley de 2004, aunque lo ven «imposible» por el feroz enfrentamiento político. Consideran, eso sí, que el gran desafío, además de aumentar los recursos, pasa por redoblar las acciones educativas y de sensibilización social que están presentes en ley, «pero que apenas se han desarrollado» en comparación con las actuaciones judiciales y policiales.

«En los colegios hay alumnos que te dicen que no hay violencia contra las mujeres sino hombres violentos. Hay una serie de estereotipos potenciados por redes sociales e influencers que mandan mensajes de este tipo a los chicos, que, además, escuchan las letras de los reguetones, consumen pornografía, ven imágenes cosificadas de las mujeres e incluso de sus compañeras de clase en Instagram… todo eso se está normalizando», advierte Lorente, que ve en esto un reto para los próximos años. «La sociedad cambia para bien, pero hay que hacerla cambiar... la gente ya no anda escupiendo por la calle y ahora recoge las heces de sus mascotas... Hay que lanzar un proceso de educación en la escuela y de concienciación social», anima el profesor que recuerda el dato de una macroencuesta realizada hace unos años: un 15% de los jóvenes dicen que si la violencia no es de «mucha intensidad» no es un problema para la relación de pareja.

En esta línea, Carmona, secretaria judicial desde 1994 y destinada desde hace 17 años en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, pone el foco en la mayor preparación del profesorado. «Se implican cada vez más, pero deberían estar más formados para detectar casos de violencia de género en niñas de 14 años que la sufren de sus parejas, así como en menores que son hijos de las propias víctimas y que corren el riesgo de ser asesinados por las parejas de sus madres o sus propios padres».

Lorente insiste también en la importancia de detectar los casos en las consultas médicas «porque por ahí pasa el 100% de las maltratadas. Si una mujer tiene diabetes y es maltratada, su diabetes va mucho peor que una mujer con diabetes sin maltrato», ilustra. A su juicio no se puede convencer «sin más» a las agredidas que evitan denunciar a que den este paso. «Muchas no cuestionan la violencia sino la cantidad de violencia. A mí me decían 'mi marido me pega lo normal pero hoy se ha pasado'. Por eso hay que desarrollar un sistema de detección, atención y tratamiento para canalizar todos los problemas sociales que puedan tener, y luego finalmente llegar a la denuncia; pero no plantear la denuncia como primera opción porque ya sabemos que las mujeres no lo ven como una opción válida», zanja el experto.