Dos de cada tres colegios concertados cobran cuotas pese a que la ley no lo permite

Los autores creen que más importante que si formalmente los centros cumplen o no la legalidad, algo que siempre puede camuflarse a través de las supuestas aportaciones voluntarias, es que las cuotas exigidas a los estudiantes, en una proporción muy importante, contribuyen a la desigualdad y a la segregación educativa, porque actúan como barreras que seleccionan al alumnado y dificultan e incluso impiden el acceso de muchos menores con bajos ingresos, especialmente inmigrantes. Esto es de una gran relevancia, pues en este tipo de centros se forman tres de cada diez alumnos españoles.

El trabajo establece que entre el 66% y 75% de los colegios concertados, según la etapa educativa, cobran cuotas a los alumnos. Pero no todos son iguales ni actúan de la misma manera. Quienes cobran en su práctica totalidad y además mucho más dinero son los colegios grandes, los de más de 500 alumnos. Entre los medianos y pequeños el porcentaje oscila entre el 60% y el 70%. Con independencia del tamaño, quienes también piden más cuotas y más altas son parte del 20% de centros que no cubre gastos con la subvención.

El capítulo más revelador es en el que los expertos determinar qué razones llevan a cobrar a cada centro. Empiezan por aclarar que entre un 25% y un 34% de los concertados españoles no cobran. Son los únicos que cumplen a rajatabla el principio de gratuidad. La mayor parte son colegios que están adecuadamente financiados por los fondos públicos, pero algo menos de la mitad no piden dinero a los padres pese a estar infrafinanciados.

Pero la gran diferencia de motivación está entre los que sí cobran. Un tercio ellos, sobre el 25% de los concertados, pide dinero a los padres para tapar el agujero financiero que deja la infrafinanciación pública. Sin embargo, casi la mitad de todos los centros, sobre el 45%, lo hace o para aumentar más los servicios y asemejarse a un centro privado o directamente por puro lucro.

Las dos estrategias, una más que otra, contribuyen a la segregación escolar. De este grupo, las dos terceras, sobre el 30%, cobran cuotas para cubrir gastos no concertados, como servicios extraescolares, transporte, comedor, custodia, etcétera. Y el otro 15%, en el que está la gran mayoría de los centros de más de 500 estudiantes, busca diferenciarse para poder elegir alumnos y aumentar sus beneficios. Actúan como un privado, pero con la rebaja de precios que permite el aporte público.

La investigación estima que pagan por acudir a estos centros entre el 81% y el 95% de los alumnos de la concertada y que, de media, sus padres abonan entre 680 y 860 euros por alumno y año. Esto significa que el copago anual en estos colegios suma entre 950 y 1.200 millones en todo el país. Más o menos la mitad o no paga cuota (13%) o abona cantidades pequeñas (40%), pero un 20% de alumnos sufraga el 60% del montante total y solo un 10% el 45% de la misma cantidad.

Los centros con alumnos de rentas más bajas cobran unos 310 euros al año (sobre 26 al mes), pero el 20% de rentas más altas paga más de 1.000 euros por ejercicio. Las grandes cuotas están focalizadas en las autonomías con más escuela concertada, donde pagan no menos de nueve de cada diez alumnos. La lista la encabeza Cataluña, con un abono medio anual de 1.696 euros, seguida de Madrid (1.156 euros) y el País Vasco (959), con el resto de territorios españoles con pago medio de 557 euros.

Los analistas tienen su propia teoría sobre por qué esta realidad, que como mínimo tildan de «alegal», es una situación generalizada desde hace décadas, en la que nadie parece querer ponerle el cascabel al gato. Su conclusión es que beneficia a todos. A las administraciones, porque la concertada le sale más barata que la escuela pública; a las familias, porque a cambio del copago cuentan con la selección social del alumnado; y los centros, porque la fórmula les asegura la continuidad y demanda amplia.